El Tribunal Constitucional no puede depender de las mayorías ni de las minorías políticas. Está en juego el mayor de los males para una democracia: el desgaste de las instituciones que son garantes de la misma. Solo la norma debe regir sus decisiones. Esa es la única manera de que sus fallos se consideren aciertos y sean acatados y refrendados por los ciudadanos. Lo contrario sería un error de dimensiones colosales. Aún faltan dos semanas para que el Constitucional dicte sentencia (podría ser el 24 de junio), pero ya se conoce el borrador que su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, ha preparado con el respaldo de un equipo de juristas para su discusión desde el día 10 de junio por los diez magistrados del alto tribunal que están habilitados para ello. Hay dos ausencias. La del progresista Juan Carlos Campo y la del conservador José María Macías. El primero decidió abstenerse en la deliberación porque como ministro de Justicia firmó la propuesta de indulto de los independentistas presos. El segundo, Macías, fue apartado por el propio tribunal tras aceptar la recusación formulada por la fiscalía. El motivo: que Macías aprobó durante su etapa como vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial un dictamen solicitado por el Senado sobre la ley de amnistía, donde se apuntaba que la norma para el perdón a los secesionistas era inconstitucional. Incluso con estas dos ausencias, todos sabemos que la vicepresidenta Montalbán, que ha elaborado el borrador que se filtró antes de su debate, es progresista, como la mayoría de los diez que deben ratificar el texto en la definitiva sentencia.
En concreto, conocemos que el Constitucional que abordará la cuestión, diez magistrados, está formado por seis miembros propuestos por el PSOE y cuatro del PP. Es fácil concluir que la sentencia se parecerá a la propuesta. Esas cuentas son las que pueden emborronar un texto que debería de deberse solo a la ley y a la convivencia de los españoles, sin diferenciar los actos de un ciudadano de las actuaciones de otro. Si ayer ya pudimos comprobar que solo un borrador ha provocado un rebrote de la batalla política, las decisiones jurídicas ponen en riesgo el equilibrio que debe presidir la actuación de las altas instituciones del Estado. Mucho más si estamos hablando nada menos que del Tribunal Constitucional, que es el garante de la Justicia democrática. Si un borrador agita de esta manera el avispero político que somos, no estamos en el camino correcto. Cierto es que la guerra entre bandos ha elevado tanto su temperatura que hasta el asunto de la amnistía ya casi parece una nota a pie de página. Además, el borrador conocido no aborda la malversación, con lo cual el asunto más efectista, el regreso del fugado Puigdemont, quedaría aplazado meses. El presidente Sánchez lo habría intentado, como la semana pasada con el catalán, el gallego y el euskera en el Parlamento Europeo, pero las dificultades alejarían las buenas intenciones que tiene para con los separatistas que lo sostienen en el poder. Podría decir, como Felipe II: «Yo no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos».