Políticos aforados
Está documentado que en España, durante los siglos XV al XVII, las monarquías corruptas crearon leyes y tribunales especiales que las protegían, tanto a la camarilla real como a la llamada nobleza y cúpula de la Iglesia, de enfrentarse a los tribunales de justicia ordinarios, ante las múltiples denuncias por los abusos de explotación, saqueo y esclavismo que cometían contra el pueblo campesino y obrero.
De entre las muchas leyes creadas a la medida por las camarillas monárquicas, una de las principales era la de aforamiento. Estuvo vigente hasta 1812, cuando fue anulada al redactarse la Constitución en las Cortes de Cádiz, al considerar los diputados que el aforamiento era un privilegio de la casta dominante: señoritos, terratenientes, clero y monarquía, que les blindaba de ser juzgados por los tribunales ordinarios como sucedía con el resto de ciudadanos.
La pregunta es: ¿cómo puede ser que una ley que fue anulada hace 200 años pueda estar vigente en la España del siglo XXI? Si la Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, ¿cómo es posible que políticos, asesores y cargos de libre designación tengan el privilegio de ser juzgados por tribunales a su medida?
La democracia pierde su contenido y se convierte en una farsa cuando los partidos políticos, de mutuo acuerdo, crean leyes a su manera. Es una vergüenza que el sistema permita a la casta política mangonear de esta manera sobre los tribunales de justicia.
Por lo demás, la corrupción y el robo del dinero público, incluso aprovechándose de una situación de máxima emergencia sanitaria, que provocó mucho dolor, muertes y daños entre el personal sanitario y demás ciudadanos, tenían que estar muy castigados.
Pero, lamentablemente, ocurre justo lo contrario, los ciudadanos vemos con impotencia cómo los delitos por corrupción son penados con condenas ridículas. Partidos que se dicen de izquierdas, Bloque, PSOE, Podemos, IU, etcétera, que nos dan lecciones diarias de ética, aceptan sin ponerse colorados esta ley de aforamiento que protege a los políticos de los tribunales de justicia comunes. Celia Goyanes Ledo. Lugo.
La consumación de la infamia del «procés»
El perdón otorgado a los líderes del procés representa una peligrosa rendición del Estado de derecho ante quienes, de forma deliberada, vulneraron la legalidad democrática con el propósito de alcanzar sus fines políticos. No se trató de un simple desacuerdo político, sino de un desafío directo a la soberanía nacional y a las normas que garantizan la convivencia entre los ciudadanos.
Perdonar a quien no muestra arrepentimiento ni voluntad de respetar las reglas comunes es conceder legitimidad a una estrategia que desprecia las leyes cuando estas se interponen a sus intereses. Es, en esencia, enviar el mensaje de que saltarse la ley puede resultar rentable si se ejerce suficiente presión política o social. En un Estado democrático, la ley no debe ceder ante la conveniencia coyuntural ni ante el chantaje de los que amenazan con reincidir. El perdón, en estas circunstancias, no es un acto de generosidad ni de reconciliación, sino una claudicación que erosiona la credibilidad de las instituciones y debilita los principios que sostienen nuestra democracia. Claudina Garbajal. Ribadavia.
Pagamos a los que no funcionan
Una gran cantidad de infracciones investigadas y sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia han sido anuladas por los jueces por la lentitud en aplicarlas. ¿A qué se debe esa lentitud? Puede ser por falta de personal, desidia, conveniencia o mala praxis de algunas personas que viven del erario público sin darle a este trabajo la importancia que merece. Pero la realidad es que la ley fue obviada en beneficio de los infractores. Permítanme quejarme en nombre de los que cumplimos las leyes y pagamos impuestos. Andrés Nidáguila Casal. Pontedeume.