La Ley por el Derecho a la Vivienda cumple dos años. Y el mismo problema que pretendía atajar parece más bien agravado: el acceso a un alquiler asequible sigue siendo, para una significativa porción de los hogares, una entelequia. La ley nació con la promesa de contener los precios, ampliar el parque de alquiler y proteger a los inquilinos. Hoy, en general, se observa lo contrario: precios más caros, menos oferta y escasa protección de los arrendatarios.
La norma introdujo dos instrumentos básicos: el índice de actualización de rentas que en abril de 2025 se situó en el 2,9 %, y la posibilidad de declarar zonas tensionadas donde topar los precios y ofrecer bonificaciones fiscales a los caseros que rebajaran la renta. La medida ha reducido fuertemente la oferta, lo que a la larga conlleva incremento de precios.
Consciente de que la ley no ha frenado los precios, el Gobierno acaba de presentar al Congreso una nueva batería de medidas fiscales: subir el IVA de los pisos turísticos, gravar la compra de vivienda por extranjeros no residentes, penalizar la vivienda vacía y extender las bonificaciones fiscales del alquiler a todo el territorio, incluso donde no se hayan declarado zonas tensionadas.
Considero acertada la opinión de Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social: las medidas adoptadas por el Gobierno están bien orientadas, pero en el supuesto de que funcionen son paliativas, alivian parte del problema pero no se podrá tapar el agujero negro si no desarrollamos una planificación urbanística y del suelo capaz de afrontar el acceso a la vivienda.