Si los políticos quieren redimirse, tienen que suprimir los aforamientos. Si en el Reino Unido o en Alemania no existen, ¿cuál es el motivo para mantenerlos en España en un número absolutamente espectacular? Si esta clase política que nos gobierna, con muy poca clase, pretende acercarse a los ciudadanos que suprima privilegios. Los demás no ostentamos cargos, pero sí muchas más cargas que ellos en nuestro día a día. Que se mantenga la distinción ofende. No tiene pies ni cabeza. Lo escribió hace poco Félix de Azúa en un artículo en The Objective. En su caso, el filósofo se lo demandaba a Feijoo por si llega a gobernar algún día: «Lo que le pido hoy es que acabe con esa peculiaridad española que es el aforamiento. No hay aforados en Alemania o en Gran Bretaña. Hay unos pocos en Italia y Francia, pero todos pertenecen a las más altas instituciones y no llegan al centenar. En España hay cerca de 18.000 aforados. En realidad, hay más de 200.000, pero en las instituciones civiles son casi 20.000». En el mismo diario digital, una información de Víctor Recacha hacía un recuento de las fabulosas cifras de aforados en nuestro país: «El aforamiento en España beneficia a una amplia gama de figuras públicas. Se estima que hay 17.600 aforados en instituciones del Estado y de las autonomías incluyendo políticos (cerca de 2.000), jueces (unos 5.500), fiscales (unos 2.700), miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado y del Defensor del Pueblo. Además, más de 232.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas disfrutan de un aforamiento parcial, siendo juzgados por las audiencias provinciales en caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Y cinco miembros de la familia real son aforados, además del rey, que es inviolable».
La figura se creó en teoría para proteger la independencia de quienes ostentan el poder, pero el efecto ha sido el contrario. Piensen en el político socialista extremeño, ese Gallardo que no hizo honor a su apellido. Corrió hacia el aforamiento como tabla de salvación. O en Ábalos. La experiencia desde la transición obliga a anular esta condición que contradice lo que dice la Constitución sobre la igualdad de los españoles ante la ley, el principio de isonomía. ¿Qué pureza tienen los servidores públicos en el Reino Unido o en Alemania para que puedan sobrevivir sin la varita mágica del aforamiento? En Francia solo lo están el presidente de la República y del Gobierno, ahora mismo 19 franceses. En Italia, uno, el presidente de la República. ¿Por qué en España veinte mil cargos civiles entre Ejecutivo central y autonomías? Es intolerable. Urge revisar el sistema. No lo digo solo yo o Félix de Azúa: lo asegura el sentido común. Es que lo exige el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa. Ha instado una y otra vez a nuestro país a que reduzcamos el número de aforados. La causa es muy sencilla. Dice el propio Greco que obstaculiza el correcto funcionamiento de la justicia. Lo hemos vivido tantas veces. Aforado igual a trampa, a dilación, a escapatoria.
Principio de isonomía para todos. También por cierto para no aplicar financiaciones autonómicas a la carta.