Ataque a la cohesión fiscal de España: una broma de muy mal gusto
OPINIÓN
El lunes se anunció en Barcelona el acuerdo que revienta el sistema de financiación autonómico y da pie a la desaparición de la Agencia Tributaria estatal en Cataluña. En lo que era un contrasentido entre el esforzado entusiasmo de una parte y el papelón que le tocó a otra, pudimos asistir a un esperpento de los equilibrios del lenguaje. Que, si la bilateralidad se conjuga con la multilateralidad, que, si la solidaridad es compatible con la ordinalidad, y que, en fin, no existe privilegio para nadie en particular.
Resulta que dichas explicaciones, más propias de un discurso de Groucho Marx o de una mala broma en un variopinto programa televisivo de Nochevieja, no dejan de ser preocupantes por más que se hagan en verano y con la sociedad a medio gas.
La independencia fiscal de Cataluña se va perpetrando, tomando primero un trocito del pastel de los impuestos, el correspondiente al IRPF. Y aquí vienen los primeros reparos. Con el objetivo de disponer de su propia hacienda, Cataluña recaudaría este y otros impuestos, y posteriormente aportaría una cantidad que se dice solidaria, pero no lo es del todo.
Resulta que el IRPF es el impuesto más generalizado entre las personas físicas, el que afecta a nuestra capacidad económica, el que tiene en cuenta nuestras circunstancias personales y familiares, exige mayor cuota cuanto mayor sean las rentas, y establece deducciones según las circunstancias de cada conjunto de contribuyentes. Además, representa la parte de nuestro esfuerzo obtenido por el trabajo o el ahorro.
Con el sistema constitucional que se instauró en 1978 se estableció la obligación de que todos contribuyéramos al sostenimiento de los gastos públicos (artículo 31 de la Constitución), mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad y sin alcance confiscatorio. Regímenes forales aparte (que tienen su amparo constitucional), dicho sistema sufre ahora mismo un ataque en toda regla como consecuencia de la concesión a Cataluña de la posibilidad de recaudar los ingresos por IRPF restando el nivel de recursos para sufragar los gastos del Estado, los gastos de todos los españoles. Se imponen condiciones para que la hacienda catalana pueda abrir la llave de su caja y decidir qué parte de esos ingresos van para la caja común de todos los españoles.
La broma no termina ahí, puesto con la referencia a la solidaridad «ordinalizada», el quantum de lo que Cataluña aportara depende de un cálculo tan transparente y con criterios tan objetivos, que ni siquiera se define qué criterios son estos, ni cuáles son los responsables que los aplicarían. En fin, que con el dinero de todos solo deciden unos pocos.
Se puede rizar el rizo si, además, como se indicaba el lunes, este acuerdo fuera extrapolable a otras autonomías. Muy difícil que cuadren las cuentas, y al final acabaremos pagando todos los españolitos corrientes, que con nuestro esfuerzo y desvelos sostenemos un Estado cada vez más debilitado y frágil, asediado por las exigencias de quienes buscan destruirlo.