En el año 1973 se concibe la AP-9 como una concesión de capital privado. La oposición nacionalista a la modernización de las infraestructuras y la crisis económica ralentizaron la construcción e hicieron que en 1984 el Estado adoptase su titularidad, logrando que en noviembre de 1992 se completase el tramo A Coruña-Vigo.
En febrero del 2000, cuando a la concesión de la AP-9 le quedaban 23 años por delante, el Gobierno de Aznar decidió prorrogar la concesión 25 años, hasta 2048, para agilizar la construcción del tramo Fene-Ferrol. Argumento ridículo, ya que 9,1 kilómetros de una infraestructura de 219,6 kilómetros (el 4 % del trazado total) en ningún caso podría justificar el incremento de la concesión de todo el trazado un 50 %. Argumento falaz, ya que se incorporaron otras modificaciones sustanciales que nada tenían que ver con el tramo Fene-Ferrol como la posibilidad de incorporar capital privado.
El Ejecutivo del PP realizó modificaciones sustanciales en las condiciones de la AP-9 obviando la introducción de cualquier tipo de cláusula de garantía de servicio y/o diseño de políticas de bonificaciones, elementos que en el año 2000 ya formaban parte de los pliegos de condiciones de los nuevos contratos concesionales de autopistas. Aznar modificó la concesión para garantizar el mayor valor de sus beneficios futuros sin ninguna obligación de mejora o ampliación al concesionario.
A pesar del daño que esta decisión causó a Galicia, el Gobierno de Fraga mantuvo un silencio cómplice y complaciente, alejado de la defensa del interés general de la ciudadanía gallega. Otros políticos, como Emilio Pérez Touriño, con los datos del Observatorio Económico de la AP-9, denunciaban esta prórroga desmontando su argumentación económica al tiempo que advertían de los peligros de una posible privatización.
Una vez engordado el negocio hasta el 2048, el Gobierno de Aznar hizo caja privatizando la autopista en julio del 2003. Venta producida 8 meses después del desastre medioambiental del Prestige. Mientras los «hilillos» de chapapote contaminaban nuestras costas, Núñez Feijoo, recién incorporado al Ejecutivo gallego, se mostraba encantado con la privatización de la AP-9 y la llegada de capital privado.
Desgraciadamente, el plan del PP para la recuperación del Prestige consistió en vender el patrimonio público condenando a Galicia a 45 años de peaje.
El dictamen motivado de la Comisión Europea a la denuncia de En Colectivo, declara ilegal la prórroga de la concesión que, por lo tanto, finalizó en el 2023 y debe ser gratuita de Tui a Ferrol. Revertir esta situación sería sencillo si Aznar y Rajoy con la complicidad de Fraga y Feijoo no hubiesen vendido el patrimonio público gallego. Derivado de esa lamentable venta, lograr la gratuidad es complejo al involucrar intereses de terceros e importantes compensaciones económicas. En todo caso, no podemos ser los gallegos los que paguemos las ilegalidades de los Gobiernos del PP; al contrario, el Estado debe garantizar la gratuidad al tiempo que analiza posibles causas de nulidad o anulabilidad del contrato de venta o las formas de reversión o recuperación de la AP9.
Tras este dictamen, la ciudadanía gallega debería inhabilitar para el ejercicio de la política a aquellos que participaron en esta «desfeita», tanto a los que tomaron las decisiones como a los que callaron o aplaudieron. Aznar, Rajoy y Feijoo quedan retratados por la Comisión Europea como responsables del atraco a Galicia.