Pasado un año de las elecciones venezolanas del 28 de julio del 2024, el panorama para los defensores de la democracia en el país es, objetivamente, peor que entonces. El dictador Nicolás Maduro, gobernante de facto desde el 10 de enero, se ha mantenido en el poder mediante la represión y el abstencionismo de la mayoría de la población.
El cronograma electoral que activó a principios de año el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Elvis Amoroso, máximo responsable de difundir los resultados fraudulentos que, con números redondos, daban a Nicolás Maduro como ganador con un 51,20 % de los votos, ha sido percibido por los venezolanos como una mascarada llamada a legitimar un régimen que se sabe impopular. Las elecciones regionales del 25 de mayo y locales del 27 de junio se realizaron ante la pasividad generalizada y el boicot de la práctica totalidad de la oposición. El oficialismo convino, no obstante, en «ceder» a candidatos nominalmente opositores la gobernación de Cojedes (de un total de 24 Estados) y, aproximadamente, 50 alcaldías (de 335).
Desde la jura de enero, con la asistencia de los dictadores de Cuba, Nicaragua y representantes del Congo, Maduro y su hombre fuerte, Diosdado Cabello, han refinado el patrón represivo. A 4 de agosto, con datos de la ONG Foro Penal, hay 807 presos políticos en las cárceles del país (4 menores) y la detención de opositores de alto perfil y de cuadros de los principales partidos es un mecanismo recurrente; un ejemplo fue el encarcelamiento de Juan Pablo Guanipa en mayo, pocos días antes de las elecciones regionales. Esta circunstancia se complementa con la excarcelación o canje de presos políticos de bajo perfil, con el objetivo de mejorar la imagen exterior de la dictadura.
La oposición interior, liderada desde la clandestinidad por María Corina Machado, ha optado por pedir a sus seguidores actuar de forma prudente ante este endurecimiento represivo, que ha llegado al punto de que familiares de presos políticos opten por el anonimato para evitar represalias. Y, si bien no existe un cuestionamiento importante de las figuras de Machado y Edmundo González, sí hay un estado de pesimismo creciente. Definitivamente, en Venezuela hay más miedo que en enero.
El gran factor internacional de distorsión y confusión, quitando las interminables y estériles discusiones de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA), es Estados Unidos. La Administración Trump, desde enero, ha combinado las declaraciones grandilocuentes del secretario de Estado Marco Rubio, calificando al régimen venezolano de «enemigo de la Humanidad», con la mucho más pragmática política presidencial, negociando deportaciones de inmigrantes irregulares, acuerdos para licencias petroleras e intercambiando presos venezolanos por estadounidenses. Es difícil pensar, con los hechos, que un cambio en Venezuela parta de una intervención, más o menos proactiva, estadounidense.
Pero, ¿los venezolanos pasaron página del 28 de julio? En absoluto. El propio CNE, con sus cifras falseadas y rebatidas por los vídeos y fotografías de centros de votación vacíos, reconoció que la participación en las elecciones regionales y municipales no alcanzó el 50 % en ningún caso (27,96 % y 44 %, respectivamente). La población perdió la fe en el sistema, pero sabe perfectamente quién ganó ese día y, ante cualquier crisis, pedirá cuentas por ello.