La acusación de dumpin fiscal contra Madrid es recurrente pero infundada. En realidad, la comunidad que distorsiona claramente el equilibrio fiscal es el País Vasco. Los datos son contundentes: Euskadi recibe más recursos por habitante que cualquier otra región española, incluida Navarra, también beneficiaria de un régimen especial. Este fenómeno no responde a una mejor gestión económica, sino a un privilegio fiscal en forma de cupo vasco, financiado por el resto del país.
La autonomía fiscal no es negativa por sí misma, al contrario, favorece la competencia y la eficiencia. El problema surge cuando una región puede disfrutar de mayor gasto público y menores impuestos gracias a transferencias desde otras comunidades. El País Vasco no solo cuenta con una financiación per cápita claramente superior (más de 6.600 euros, casi el doble que Murcia, por ejemplo), sino que tampoco contribuye proporcionalmente al déficit de la Seguridad Social. De esta manera, genera una distorsión injusta, permitiendo impuestos más bajos que sí constituyen un auténtico dumpin fiscal.
No es el caso de Madrid. Las aportaciones madrileñas a la solidaridad interregional se calculan antes de cualquier reducción impositiva que decida aplicar en uso legítimo de su autonomía fiscal. Madrid aporta a la caja común más de 7.300 millones de euros netos, triplicando la aportación de Cataluña y multiplicando por veinte la de Baleares. Si Madrid exigiera un sistema similar al vasco o al que reclaman en Cataluña, el agujero fiscal sería dramático para el resto del Estado.
De hecho, los madrileños son quienes sufren mayores pérdidas relativas en financiación autonómica: nueve posiciones respecto a su capacidad recaudatoria inicial, frente a las ganancias relativas que experimentan comunidades como Extremadura o Canarias. Este modelo, que vulnera sistemáticamente el principio de ordinalidad, afecta especialmente a la comunidad madrileña, a la cual, pese a ser la más solidaria, se la acusa injustamente de insolidaridad.
Madrid, además, ejerce una legítima competencia fiscal que fomenta la eficiencia administrativa y económica. Esta competencia beneficia no solo a los residentes de la capital, sino también al conjunto del país, al impulsar indirectamente mejoras en la gestión pública de otras regiones. La realidad es que Madrid, ejerciendo legítimamente sus competencias fiscales, no perjudica a otras comunidades, sino que contribuye decisivamente al equilibrio fiscal nacional.
El auténtico dumpin fiscal reside en aquellos territorios que pueden permitirse impuestos artificialmente bajos gracias a transferencias encubiertas del resto del Estado. Centremos el debate en donde realmente está el desequilibrio: no en Madrid, sino en privilegios fiscales como el del País Vasco.