La deuda mundial (gobiernos, empresas y familias) se calcula en unos 307 billones de dólares. Ante esta elevadísima montaña de deuda (Japón debe un 250 % de su PIB; EE. UU. unos 33 billones de dólares; China 15,3 billones y Francia 3,3 billones) y en un contexto de incertidumbre geoeconómica como el actual, los gobiernos de los países con mayor compromiso de pasivo deberían estar trabajando en planes para poner orden en sus finanzas, ante los riesgos para sus perspectivas fiscales. Cada español debe en concepto solo de deuda pública aproximadamente unos 34.000 euros.
El mundo se ahoga en una montaña de deuda, ya no es suficiente acudir a la socorrida extracción de rentas a los ciudadanos, ya trabajamos una media de unos siete meses para el Estado, y además financiamos y compramos la deuda que emiten con nuestros ahorros. Ya pagamos y aportamos a la caja única de las pensiones, cada vez más vacía, e insolvente a corto plazo. Los compromisos adquiridos para los próximos 30 años los cuantifica el profesor Niño Becerra en unos 7 billones de euros, un preocupante dilema a largo plazo. El gasto se dispara y el coste de los servicios públicos también. ¿Hasta cuándo tendremos que creer y soportar esta inquietante e insostenible situación? Los expertos nos advierten de que la montaña de deuda es impagable, la devolución de nuestro ahorro y sus intereses se mantienen gracias a su constante renovación, pero la bola de nieve es imparable.
El auge y proliferación de la financiación y la titulización han propiciado el predominio de una economía financiera (que apenas soporta tributación) cuyo tamaño ya supera a la economía real, que es la que produce bienes y servicios, sobre los que recae la tributación del IVA. Deuda y déficit estructurales y mucho gasto en unas economías subsidiadas que destruyen tejido productivo y puestos de trabajo. El profesor Jesús Fernández-Villaverde y el inspector de hacienda Francisco de la Torre, en su libro La factura del cupo catalán, opinan que Cataluña no está mal financiada, sino probablemente mal gestionada. En mi opinión, si fuese una empresa seguramente estaría en situación de insolvencia inminente (debe devolver al FLA en el 2025 unos 7.300 millones de euros), por lo que habría que sugerirle la presentación y/o comunicación y solicitud de concurso de acreedores, que probablemente terminaría con un convenio con quita de su deuda a los acreedores; es decir, lo mismo que pretenden sus líderes y élites para evitar la bancarrota y la calificación de su deuda como bono basura, con la estrategia política de la exigencia de la condonación de aquella por importe de unos 15.000 millones de euros, de momento. A pesar de todo, la TV3 catalana mantiene una plantilla de unos 2.300 empleados. El coste de capital por su apalancamiento es de unos 11.300 millones, significa casi un 24 % del gasto total de su presupuesto. En cierto modo, podría afirmarse que son las consecuencias de una forma irresponsable de administrar su economía en estos últimos años (según la Airef, Cataluña, ha incumplido las reglas de gasto en cinco ejercicios). El modelo político administrativo de la España actual, tal y como ha sido instaurado, se resquebraja; hoy, desde el punto de vista de su análisis financiero, semeja que es inviable e insostenible. En Alemania y en Francia ya se están percatando de ello.