El Gobierno de España ha decidido dejar fuera de la planificación de la Red de Transporte 2025-2030 la conexión de 110 MW destinados a una de las llamadas gran industria, cuyo futuro está hoy en entredicho. Su inversión sería de 1.000 millones de euros y la expectativa de unos 2.500 puestos de trabajo.
Pero más allá de que el proyecto se lleve o no a cabo, en Lugo se ha evidenciado la gran contradicción de la política energética española: celebra todo tipo de récords renovables, pero permite que la red eléctrica, a la que necesita conectarse la futura demanda, se convierta en un punto de estrangulamiento crítico por la falta de previsión y por un enfoque de la planificación condicionado por la ideología política.
La planificación 2025-2030, con más de 13.500 millones de euros previstos, debería anticipar los focos de nueva demanda eléctrica —industria, grandes desarrollos urbanísticos, centros de datos— y facilitar la descarbonización. En cambio, está generando desequilibrios territoriales. Mientras A Coruña, As Pontes, Ourense y Pontevedra recibirán refuerzos para proyectos de hidrógeno verde y bombeo, Lugo queda relegada. La Conselleira de Economía e Industria y la prensa advierten de que la provincia está siendo «eliminada del mapa industrial». Sin capacidad eléctrica, ningún proyecto de cierta envergadura podrá instalarse allí durante los próximos años.
No se puede obviar otro problema estructural en el sistema eléctrico que lleva tiempo gestándose. La red de distribución española está saturada en más del 80 %, y muchos de sus nudos dependen de conexiones con la red de transporte que no llegan a tiempo para atender las nuevas demandas. Si además se añade la presunta especulación existente con los llamados «puntos fantasma», que bloquean capacidad sin proyectos reales detrás, el resultado es que iniciativas firmes y estratégicas no pueden conseguir el suministro eléctrico necesario para atender a su desarrollo.
Si queremos que la electrificación sea la base de la competitividad, no podemos depender de una expansión de las redes desacoplada de la economía real. Se requiere una planificación de la red de transporte dinámica y proactiva, que no se convierta en un instrumento de desequilibrio territorial, que sea capaz de anticipar polos industriales y dimensionarse de acuerdo con los consumos futuros, de manera que se desplieguen las infraestructuras con la adecuada antelación. La coordinación entre Gobierno de España, las comunidades autónomas, el regulador, el operador del sistema, las distribuidoras de electricidad y empresas e iniciativas privadas es inaplazable.
Hay señales muy preocupantes porque se ponen en riesgo inversiones industriales claves. De no apostar por ellas se acentúa la despoblación en territorios periféricos y, lo más grave, se transmite a los inversores que la red eléctrica es hoy el mayor obstáculo de la transición energética española.
Si la planificación de la red de transporte no respalda en el territorio proyectos estratégicos industriales, la descarbonización dejará de ser una meta para convertirse en un discurso vacío y fracasado.