Energía e industria: el diálogo como materia prima estratégica
OPINIÓN
No sé si han oído hablar de los cuts. Son esas partes de un guion que nunca llegan a ver la luz, pero que en ocasiones —cuando al fin sí se revelan— nos regalan diálogos que quizás debieran haber sido. Hay un largometraje que, tratando de explicar la crisis del 2008, desechó varias citas por resultar cinematográficamente complejas. Una de ellas se refería a un espacio indeterminado que puede crearse entre una causa y sus efectos, algo así como una especie de brecha en la que es posible gestionar lo que sucede antes de que se convierta en consecuencia. En el caso de la industria, esta suele ser binaria: reindustrializar o su contrario. Con un condicionante añadido: el punto de partida no es equidistante. La industria manufacturera española ha pasado en dos décadas de superar la media europea en aportación de valor añadido bruto a alejarse hasta cuatro puntos. Una distancia similar de la que nos separa del objetivo comunitario de que la industria represente, al menos, un 20 % del PIB.
La gestión de esta brecha pasa entonces por generar el mejor ecosistema posible para que nuevas industrias elijan nuestro territorio. Las ventajas competitivas respecto a otros mercados están ahí, pero de nada sirve una política industrial capaz de generar clústeres de frontera si no se ve acompasada con políticas complementarias en el resto de ámbitos. Y en el que más, en el energético. La razón es simple: las empresas necesitan conectarse a una fuente de suministro para poder operar y ahora mismo no está garantizado. Sin esto, lo demás no existe.
Si bien la electricidad no es la única fuente de energía disponible (Galicia, por ejemplo, cuenta con un tejido industrial térmico representativo sobre el que también se debe construir), lo cierto es que los nuevos proyectos industriales pertenecen, en su mayor parte, a sectores con una alta electrificación —tecnológicas, farmacéuticas, logística o transición digital—. El interés, cuando menos, parece real y prueba que la derivada industrial está funcionando. Pero ni la distribución de competencias entre el Estado y las autonomías sintoniza de igual manera en todos los territorios, ni el cisma entre energía e industria desde hace una década han facilitado una auténtica institucionalización de la política industrial.
Del mismo modo que la mayoría de Estados miembro entendieron como un giro lógico priorizar la política energética a través del prisma de la descarbonización, hoy países de nuestro entorno como Alemania o, en España, algunas comunidades autónomas (en Galicia hay una partición a medias) han decidido volver a unificar ambas visiones, energía e industria, bajo un mismo liderazgo político y regulatorio. Sin entrar a valorar cada fórmula —si es que son incompatibles—, hay un elemento que resulta clave en todas ellas: el diálogo, ya no solo a nivel institucional, sino con el resto de los actores implicados, sector privado pero también sociedad civil. Porque la política industrial, si es, debe ser una política de país y difícilmente se logrará si no estamos todos convencidos de ella. En esto, no podemos permitirnos más cuts.