La sostenibilidad financiera del sistema de protección social no debe amparar conductas gubernamentales que transgredan el principio de equidad contributiva. El sistema de pensiones no es sostenible, pero nadie quiere reconocer la verdad. El gasto crece más rápido que los ingresos, hay demasiados dependientes para cada vez menos productores. La demografía hará el resto y el sistema colapsará; las reformas tendrían un coste electoral que nadie está dispuesto a asumir; mientras el Estado gana tiempo endosando el coste de la agonía a los autónomos, para ir tirando.
El Ejecutivo pretende subir las cotizaciones al RETA, pero se niega a trasponer la Directiva UE 2020/285, relativa a la franquicia del IVA por ingresos inferiores a 85.000 euros anuales, que además de reducir las cargas administrativas incentivaría la formalización de actividades actualmente sumergidas.
Este escenario tiene un impacto negativo tanto en términos de eficiencia económica como de justicia distributiva. La clase media, en la que se encuentran la gran mayoría de los autónomos, va desapareciendo poco a poco; lejos quedan aquellos tiempos en los que el autoempleo constituía casi un 20 % de la población activa, situándose ahora en un escaso 14 % y bajando.
La propuesta del ministerio es una afrenta al sentido común, al principio de equidad y a la progresividad, totalmente inútil para los efectos que dice pretender, y provoca un aumento en la brecha ya existente entre las obligaciones fiscales y el retorno que los autónomos reciben en prestaciones, penalizando a los más modestos, que cerrarán o se irán a la economía sumergida.
Pero esto va de control. El Gobierno quiere tener el control absoluto de la vida del autónomo. Subir cotizaciones e impuestos e ignorar las directivas europeas que aliviarían la carga fiscal no es justo, ni lógico, ni beneficia a nadie; tan solo es pobreza, control y regresión. Pronto no quedará nadie a quien controlar.
Los autónomos se enfrentan a un escenario de gastos fijos, periódicos y crecientes a los que han de responder con ingresos inciertos, variables e irregulares. Sacrificar a los autónomos es la decisión política más barata; se recauda para comprar tiempo, no para garantizar prestaciones ni justicia. La ministra asegura que «estamos ayudando al colectivo a planificar», no a los autónomos, sino al colectivo, una masa informe que hay que ordenar. Y planificar es mandar. El Gobierno decide por los autónomos cuánto pagan, cómo trabajan, cuándo se jubilan y, al final, hasta qué punto tu vida te pertenece.
El resultado es que se destruye la cultura del esfuerzo y se aclama la dependencia. Nos acercamos a un punto sin retorno. Los autónomos son una especie en vías de extinción. Cada subida de cuota, cada traba burocrática, es un paso hacia un modelo donde la supervivencia depende de la obediencia y la sumisión al poder político. Así, ¿hasta cuándo?