Desde hace décadas la política migratoria es uno de los elementos recurrentes de las campañas electorales, de los enfrentamientos parlamentarios y de no pocos debates y manifestaciones a pie de calle en Europa. La tradicional política de acogida de países como Francia o Suecia, los convirtió en receptores de miles de disidentes, artistas y emprendedores que huían de sus países de origen. Francia desde, prácticamente, la época napoleónica, más recientemente en el caso de Suecia, ambos por su calidad de vida y las ayudas a los refugiados atrajeron a miles de personas en situación desesperada.
Asimismo, Holanda ha venido siendo otro país generoso con aquellos más necesitados ya que, tras un estudio riguroso de su situación, no solo les facilitaba el acceso a una vivienda, ayuda económica y un trabajo sino que cubiertas todas las exigencias de integración también facilitaba la reunificación familiar. Otros Estados europeos como Alemania, Gran Bretaña o Suiza, implementaron políticas muy estrictas para atraer a extranjeros que cubriesen los puestos de trabajo que se necesitaban para ayudar a la recuperación económica tras la II Guerra Mundial. Generalmente, se trataba de migrantes con contrato de trabajo que obtenían permisos de residencia siguiendo lo establecido en su legislación.
Pero, si los migrantes legales siempre fueron bien acogidos, la llegada, cada vez en números mayores, de personas sin contrato de trabajo ni solicitud de asilo político ha saturado tanto a los centros de acogida temporal como a las instituciones que los gestionan. Los recientes casos de liberación errónea de presos extranjeros condenados por delitos sexuales con órdenes de extradición que se han sucedido en el Reino Unido han hecho saltar las alarmas de una población que se debate entre su tradicional política de acogida y el miedo a los migrantes criminales que asolan sus calles.
El actual Gobierno laborista de Starmer se ha visto obligado a endurecer la legislación migratoria, de tal suerte que, para la obtención de un permiso de residencia permanente, la persona interesada deberá de esperar dos décadas cumpliendo una serie de requisitos. Esta propuesta, que todavía tiene que ser aprobada en las cámaras legislativas, ha sido acogida por los conservadores como demasiado blanda mientras muchos laboristas la califican de demasiado estricta. Veremos si inicia una tendencia imitable en el resto de los países vecinos.