La condena al fiscal general, una victoria agridulce
OPINIÓN
Más allá del enorme éxito profesional que puede suponer para cualquier abogado conseguir la condena penal de un cargo constitucionalmente previsto, el proceso seguido frente al fiscal general del Estado ha abierto una herida grande e innecesaria en la percepción ciudadana del poder judicial y, en general, de las instituciones llamadas a garantizar la justicia. En nuestro caso, la personación fue en nombre de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
La negligente actuación del fiscal general ha comprometido la imagen de muchos fiscales desconocidos para el público general, que buscan el recto cumplimiento de su deber constitucional. Ha afectado al secreto profesional letrado-fiscal, lo que va a suponer, necesariamente, un distanciamiento entre ambos colectivos. Durante la instrucción se llegó a insinuar que la filtración podía proceder de un abogado del Estado o del juzgado decano de Madrid, poniendo a esos profesionales en riesgo de una investigación penal que, afortunadamente, no llegó a producirse.
Ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se cambió a la fiscala que empezó conociendo del asunto, María de la O Silva, que pretendía investigar los hechos. Evidentemente, sustituir a quien quería investigar por alguien que torpedea la causa ahonda en la percepción de una institución que busca la impunidad de su máximo dignatario.
El magistrado instructor ante el Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha sufrido un ataque desmedido por una parte de la prensa y de la población, dirigido con la finalidad de deslegitimarle y de que no siguiera ahondando en la averiguación de la verdad. Para ello se le ha acusado falsamente de filtraciones, con queja incluida ante el Consejo General del Poder Judicial, lo que resultaba especialmente grave por ser, precisamente, el objeto de la investigación. A ello se suma una inmensa batería de solicitudes de nulidad de actuaciones, las cuales ponen de relieve la gravedad de la estrategia procesal seguida por el ministerio fiscal y la abogacía del Estado. ¿Cómo puede alguien portar una toga de servidor público y, al mismo tiempo, acusar a la máxima autoridad judicial española de ser tan incompetente como para haber causado una decena de motivos de nulidad? ¿Cuándo han apoyado esos mismos profesionales una sola nulidad cuando es un abogado común quien la plantea? Es más, el órgano al que corresponde precisamente solicitar el amparo del juez o magistrado, el ministerio fiscal, con su silencio, ha contribuido activamente al descrédito institucional.
Como fiscal en excedencia, tampoco me ha supuesto una alegría ver aplausos de apoyo al acusado dentro de la sede de la Fiscalía General del Estado, con la clara intención de que fueran retransmitidos. La finalidad no era tanto apoyar a un amigo o compañero —algo comprensible— como difundir esas imágenes y, con ello, erosionar la imagen de un poder judicial que, legítimamente, iniciaba el juicio oral. El uso del gabinete de prensa de la Fiscalía para propagar bulos, como el de la hipotética existencia de protocolos de borrado de los móviles, también debería ser objeto de reproche.
La burla constante en la que se ha visto inmersa la actuación del acusado, por ejemplo, recurriendo el auto de incautación de sus terminales sobre la base de supuestos secretos de Estado —cuando en realidad sabía que lo tenía todo borrado—, ha llevado a una situación insostenible para el ministerio fiscal, que debería extraer muchas lecciones de lo ocurrido.