Como en la película de la sobremesa, trataron de engancharnos con el tráiler y nos dejamos arrastrar por el sopor. La trama no era nueva y el final, de sobra conocido. No solo tenemos la habitual sensación de haber perdido el tiempo, sino de que están jugando con nosotros. La película tiene consecuencias reales. Para arrendatarios y propietarios, y para el acceso a la vivienda en general. Y no positivos.
En la sesión de sobremesa del pasado martes, el Congreso derogó el Real Decreto ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Irán. Con 6 votos en contra (Junts) y 5 abstenciones (PNV), se impuso la mayoría de 177 (con PP y Vox) frente a 166 votos. Esos once discordantes habrían decantado la balanza en otro sentido. Pero el Gobierno sabía que no hacía falta. Había aprobado la norma sabiendo que no se iba a convalidar en el Congreso por falta de apoyo. Pero a quién importaba.
En el primero de sus dos artículos, el decreto prevé la prórroga obligatoria (para el propietario) de los contratos de arrendamiento vigentes en los que su duración (inicial más prórrogas legales) finalizase antes del 31 de diciembre del 2027. Con la mera solicitud del arrendatario, efectuada desde el 22 de marzo, se aplicará una prórroga extraordinaria por plazos anuales de hasta dos años adicionales. Y se mantendrán las condiciones del contrato. Esta prórroga extraordinaria es clara y directa y no exige más. No parece que se permita otra interpretación.
Aunque el poder legislativo corresponde a las Cortes (Congreso y Senado), el Gobierno, titular del poder ejecutivo, puede dictar normas como los reales decretos leyes para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, que casan mal con el complejo y lento proceso legislativo. Deben ser convalidadas por el Congreso, pero, aunque no suceda, mientras han estado ahí producen efectos. Desde el 22 de marzo hasta ayer (o hasta que el BOE lo publique), la norma ha existido.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la vivienda es el principal problema (42 %), seguido de los problemas económicos (21 %) y la situación política (16 %). Un cóctel explosivo. El acceso a la vivienda, en alquiler y en propiedad, constituye una urgente necesidad a la que dar solución, pero dictar dos artículos temporales parece poco serio.
Se genera una peligrosa inseguridad jurídica abriendo un escenario de litigiosidad. Y provoca efectos perversos, como exigir que se coloquen viviendas en el mercado si las normas de juego cambian a mitad de partida. Ni en los juegos infantiles nos parece admisible. Así no jugamos.
Demonizar a propietarios y exigir que sean quienes, en sustitución de los poderes públicos, den cobertura al derecho a la vivienda solo logra confrontación social. «Entre placeres y palacios, aunque podamos vagar, por humilde que sea, ¡no hay lugar como el hogar!». Los poderes públicos han logrado convertir la ópera La doncella de Milán, donde aparece la dulce Home, Sweet Home, en una ópera bufa.