La regulación de los centros de datos en España empieza a plantearse como algo más que una cuestión de inversión tecnológica. El Gobierno prepara un proyecto en el que la carrera por atraer infraestructura para la inteligencia artificial ya no se medirá solo en capital y capacidad de computación, sino también en términos de agua, energía renovable, seguridad y soberanía digital. La IA necesita centros de datos cada vez mayores y estos consumen enormes cantidades de electricidad, además de recursos hídricos para determinados sistemas de refrigeración. El Ejecutivo plantea exigencias estrictas para las nuevas instalaciones de más de un megavatio. Entre ellas figura que al menos el 80 % de la electricidad consumida proceda de nueva generación renovable, y que cada megavatio adicional de demanda se corresponda con un megavatio de generación renovable instalado en los 18 meses anteriores. También introduce una dimensión estratégica: exigir operadores establecidos en la Unión Europea y garantizar que determinados datos permanezcan dentro del territorio comunitario.
España no tiene petróleo, pero tiene agua, sol y viento, y esto ha hecho que en los últimos años las grandes tecnológicas hayan puesto su punto de mira en la Península. Amazon Web Services prevé invertir hasta 15.700 millones de euros en Aragón para ampliar su infraestructura de centros de datos, y en la misma comunidad y en Madrid Microsoft ha comprometido miles de millones para desarrollar instalaciones vinculadas a la nube y la inteligencia artificial. Meta ha anunciado un campus en Talavera de la Reina (Toledo) que supone una inversión cercana a 750 millones.
Estos proyectos y otros que podrían venir quedarían en riesgo si las exigencias del Gobierno se convierten en una barrera para la inversión. El sector reclama una regulación proporcionada que no reste competitividad frente a otros mercados. Que no ocurra como en la automoción, donde quisimos ser los campeones del ecologismo y hemos acabado hundiendo la industria europea, mientras abrimos las puertas a competidores que ni siquiera cumplen los pactos contra el cambio climático.