El fiscal de malos tratos reclama una reforma legal para evitar que las víctimas se nieguen a declarar
OURENSE
Gran parte de los procedimientos penales que se abren tras una denuncia por maltrato presentada por una mujer se cierran con una absolución del denunciado debido a la falta de pruebas. Ocurre, y de ello quiso alertar ayer el fiscal de malos tratos de Ourense, por el artículo 416 de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recoge el derecho de un testigo a no declarar contra un familiar directo.
La dispensa afecta de manera directa al devenir de muchos casos de maltrato puesto que, recuerda Julián Pardinas «normalmente la denunciante y víctima suele ser la propia esposa o pareja del agresor». Por este motivo, asegura el fiscal que «no parece lógica la dispensa contemplada en tal precepto, pues la experiencia nos dice que si bien no suele existir ningún problema en el momento de recibirle declaración en el Juzgado de Instrucción, no ocurre lo mismo en el acto de juicio, ya que ha transcurrido un corto o medio plazo de tiempo y en no pocas ocasiones, la que a la postre resulta ser la único testigo de los hechos se acoge, por diferentes razones, a la dispensa legal y se niega a declarar».
Por este motivo, entiende el fiscal que sería conveniente una reforma legislativa de tal precepto, de forma que se puedan evitar este tipo de situaciones.
Rehabilitación cuestionada
Otro de los asuntos sobre los que alerta el fiscal de malos tratos en su memoria tiene que ver con las medidas de tratamiento que se siguen con los agresores condenados por maltrato. «Forzoso es que insista un año más sobre los importantes problemas que presenta, en no pocos supuestos, el sometimiento de los condenados por delitos de violencia de género al programa rehabilitados que se sigue en nuestra comunidad autónoma», explica Pardinas, quien considera muy poco efectivo que los hombre que se deben someter al programa se ven obligados a desplazarse a la localidad pontevedresa de As Estrada, única ciudad gallega en la que se imparte.
Esta circunstancia provoca, a efectos prácticos, que muchos agresores no se puedan acudir debido a problemas en el transporte o a los horarios y que, por lo tanto, la efectividad del programa sea más que dudosa. Por ello sería necesario ampliar su impartición a mas ciudades gallegas.