Advierte que la reclamación de Afiador puede costar un «pastizal»
09 nov 2012 . Actualizado a las 07:25 h.El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, que ejerció la acusación pública contra los imputados en el denominado caso de los paneles, recurrirá la sentencia de absolución de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Supremo. Considera el fiscal jefe que, al margen de que la instancia superior aprecie o no delito en los hechos enjuiciados, «la irregularidad fue puesta de manifiesto por la sala». La sentencia de la Audiencia no considera que se hubiesen cometido los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad que pedían las acusaciones pública y particular, pero sí recoge que hubo en el caso de las pantallas publicitarias una actuación administrativa «farragosa, confusa y notoriamente incorrecta».
Además del proceso penal, la empresa Afiador abrió un contencioso-administrativo contra el Concello, al que reclama treinta millones de euros de indemnización en concepto de daños y perjuicios. La compañía basa sus pretensiones en el convenio/contrato de febrero supuestamente firmado en febrero del año 2008 con el entonces teniente de alcalde, el nacionalista Alexandre Sánchez Vidal. Ese acuerdo facilitaría a Afiador una «concesión de instalación e explotación dunhas pantallas xigantes» que la empresa podría disfrutar durante 40 años, sin que se hubiese hecho un concurso público.
Reacciones
Florentino Delgado señaló que esta vía contencioso-administrativa continúa y que esta actuación «al ciudadano le va a costar un pastizal». El Partido Popular, que ejercía la acusación particular en el caso, aún no ha decidido si recurrirá o no la absolución. Su portavoz municipal, Rosendo Fernández, explicó que aún disponen de tiempo para ello. En cualquier caso, el líder popular alude también a la indemnización reclamada por Afiador. «Non é un asunto baladí. Son moitos millóns de euros», dice Fernández, que recuerda que el proceso contencioso-administrativo se reactivará cuando la sentencia conocida ayer sea firme. Ese fallo judicial, según afirma el portavoz del PP, le da validez al contrato que la empresa esgrime para reclamar los citados treinta millones de euros.
En otro orden de cosas, Fernández insistió ayer en que la sentencia reconoce una actuación administrativa «notoriamente incorrecta» y que había «dos distintos ayuntamientos».