En el PP consideran que la sentencia de los paneles «non é tan halagüeña» para el Concello de Ourense
OURENSE
Rosendo Fernández resalta que aún queda por resolver lo más difícil, que es el contencioso de la empresa, que pide 30 millones por daños y perjuicios
17 jul 2013 . Actualizado a las 16:31 h.El portavoz municipal del PP, Rosendo Fernández, cree que para el Concello de Ourense, «é dicir, para todos os ourensáns, tampouco é unha noticia tan halagüeña» la definitiva exculpación de los acusados en el caso de los paneles. «Agora empeza o máis difícil para o Concello. Rematada a vía penal, veñen as indemnizacións, e poden hipotecar ao Concello», a juicio del portavoz popular.
Rosendo Fernández, que esta mañana reconoció no tener más conocimiento de la sentencia que lo publicado en prensa, apuntó a que la resolución del Tribunal Supremo «non fala de que a cousa dos paneis estivera ben plantexada».
En relación con las valoraciones de la concejala socialista Áurea Soto, que solicitó al PP que pidiese perdón por el «calvario» que habían tenido que pasar sus compañeros de gobierno acusados, entonces en el BNG, Rosendo Fernández cree que la edila del PSOE no es la más indicada para pedir nada, cuando está en un «goberno cun 30% de imputados» y menos aún, añadió, en un asunto que aún puede traer «graves consecuencias ao Concello». La concejala socialista debería ser, a juicio del portavoz del PP, «un pouco máis prudente».
Sobre la petición de perdón, Rosendo Fernández matiza que «neste caso houbo unhas responsabilidades políticas, e uns señores que dimitiron, nada máis: en absoluto hai que pedir perdón, sobre todo porque aínda está por ver se o Concello non ten que afrontar indemnizacións millonarias: iso é que nos preocupa aos ourensáns».
La empresa Afiador Produccións reclama treinta millones de euros por daños y perjuicios al no haber cumplido el Concello de Ourense el contrato firmado en su día con el exteniente de alcalde, Alexandre Sánchez Vidal, al cual el Tribunal Supremo concede plena validez, en contra de la tesis que hasta ahora ha defendido el gobierno municipal, que le concedía carácter de mero protocolo de colaboración.