La Abogacía del Estado insiste en que existe desviación de poder por parte del Concello de Xinzo para evitar sacar a concurso las plazas
07 nov 2013 . Actualizado a las 07:15 h.Los mismos argumentos. Una y otra vez. El abogado del Estado volvió a acusar ayer, y es la cuarta ocasión, al Concello de Xinzo de haber realizado contrataciones contrarias a la ley y de un presunto delito de desviación de poder por parte del alcalde de la localidad, el popular Antonio Pérez. El Contenciosos Administrativo número 2 acogió el tercer juicio de esta semana -dos se juzgaron el pasado martes- con idéntico guion y ciertas variaciones en los actores.
El abogado del Estado defiende en sus intervenciones que lo que se juzga de fondo es si se acreditó o no la contratación por motivos de urgencia de varios trabajadores. «Evidentemente el sentido común más elemental indica que no estamos ante casos excepcionales ni inaplazables», subrayó ayer para referirse también al caso juzgado que hacía referencia a un auxiliar administrativo. La intención del Estado, dijo, no es intervenir en la vida municipal ni que se contrate o no, pero subrayó que existen una serie de requisitos muy restrictivos que hay que cumplir. « No vale que diga que contrato porque yo lo valgo, que es lo que viene a pasar aquí», subrayó el abogado del Estado, que volvió a insistir en la concatenación de estos hechos con las mismas personas. «Una practica habitual», indicó.
Por su parte, la abogada del Concello de Xinzo ha defendido en todos los casos la necesidad de las contrataciones y explicado las razones de urgencia que las justifican, aunque ayer añadió que varios concellos estudian la impugnación de ese Real Decreto, por inmiscuirse en la política municipal.
Es la presunta desviación de poder que puede recaer en la persona del alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, la que puede dar un giro al caso. Desde el Estado se solicitó ayer a la letrada de Xinzo que entregue una documentación a la que hizo alusión en otro de los juicios en el que indicó que el regidor había levantado por decreto un reparo del interventor para una de las contrataciones. «Creemos que debe entenderse, como viene reconocida en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, como un trasunto de fraude de ley. Presupone la existencia de una elemento material, violación de una norma jurídica y con una norma diferente que le da cobertura. Y el elemento intencional de la violación», dijo. Es este último detalle el que pretende demostrar la abogacía del Estado, que ayer lo fundamentó. Destacó la existencia de informes claros de intervención en los que se hace referencia a los riesgos de esas contrataciones, como es la indefinición. La norma que se pretende eludir con la contratación temporal es la tasa de reposición cero, indica, que obligaría al Concello a hacer una oferta de empleo público: «Es el elemento intencional que creo que está probado». La abogada de Xinzo insiste en el desconocimiento de los reparos por parte del regidor limiano y destacó que no hubo indefinición en todos los casos.
El Estado cree que existe una parte intencional en las decisiones del regidor
La abogada del Concello defiende que el alcalde desconocía los reparos