En el año 2017 el porcentaje de contratos menores se disparó hasta el 76,55 %
06 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Al terminar el ejercicio, la Diputación hace un balance anual de su actividad contratadora y el último, correspondiente al año 2017, acaba de ser publicado en el Portal de Transparencia de la web oficial de la institución provincial. Según figura en el documento, en el último ejercicio los contratos formalizados por la Diputación ourensana tuvieron un coste de 12.771.604,64 euros. La mayor parte se adjudicó de manera directa, es decir, sin convocar un concurso público al que cualquier empresario pudiese haber optado. Solo un 23,44 % de las contrataciones fueron por el sistema de procedimiento abierto. El 76,55 % restante fueron contratos «menores», en los que la Administración puede elegir libremente a qué empresa encargar el trabajo.
Ese porcentaje es el más elevado desde que existen registros disponibles de la actividad contratadora de la Diputación ourensana. En comparación con el ejercicio anterior, la elección de ese sistema sin concurso para la adjudicación de obras y servicios públicos se ha incrementado en más de veinte puntos. Así, en el año 2016 el 55,40 % de los contratos fueron «menores». Por lo general, desde el año 2013 el porcentaje de ese tipo de adjudicaciones se mueve entre el 50 % y el 60 %, siendo el 2014 el ejercicio en el que hubo una mayor presencia de esos procedimientos (entonces los contratos menores supusieron el 70,24 % del total, menos que en este último año, por lo tanto).
La legislación permite realizar ese tipo de adjudicaciones, pero la norma que lo ampara está a punto de cambiar. El pasado día 9 de noviembre el Boletín Oficial del Estado publicó la nueva Ley de contratos del sector público, que rebaja la cuantía máxima por la que se pueden seleccionar a los proveedores sin necesidad de convocar un concurso. «Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios», dice el artículo 118 de la nueva ley. Hasta ahora el límite estaba fijado en 50.000 y 18.000 euros respectivamente.
Esta reforma legal -que, según el Gobierno central, trata de dar una mayor transparencia a la contratación pública- fue objeto de debate en el último pleno de la Diputación ourensana. El socialista Ignacio Gómez aprovechó el turno de ruegos y preguntas para dirigirse al secretario de la institución con la intención de que este aclarase la cuantía exacta establecida ahora como máxima para los contratos menores. El funcionario indicó que son los citados 40.000 euros más IVA, es decir, unos 48.000 euros «e pico», dijo.
Gómez no dejó pasar la oportunidad de vincular esta reforma legal con la rebaja aplicada este año por el gobierno de la Diputación a los conocidos como planes provinciales. La institución realiza cada año una obra en 91 de los 92 ayuntamientos ourensanos (todos excepto el de la capital) y para el 2018 la cuantía cae de 55.000 a 48.000 euros. El ejecutivo popular justificó el recorte alegando que, a cambio, se incrementaban las aportaciones para otros programas, pero el PSOE cree ahora que el verdadero motivo es el de ajustarse a la nueva ley para poder seguir contratando todas esas obras sin concurso público y beneficiando con ello a determinados empresarios. Democracia Ourensana llegó a denunciar que el 75 % de esos contratos van a parar a cinco empresas concretas, pero el caso fue archivado.
Adjudicación directa
Por otro lado, PSOE y BNG critican que esas obras sean adjudicadas de manera directa por la Diputación ourensana y no por los propios concellos (que son los que deciden a qué se dedica el dinero, aunque no lo gestionan). Hasta el año pasado, la institución provincial cedía a los ayuntamientos la competencia contratadora de los planes provinciales siempre y cuando las entidades locales aportasen también una cantidad equivalente a al menos el 50 % de la que ofrece la Diputación. A partir de ahora se exigirá que sea el 100 %, algo que según socialistas y nacionalistas busca garantizar que la contratación de las obras sigue bajo el control de la institución.