Oportuna sí que ha sido la fecha elegida para que el Subdelegado del Gobierno recibiera a los padres de Socorro Pérez, la ourensana cuyo cadáver apareció en junio del 2015 después de un mes de búsqueda. El causante de esa muerte sigue en libertad. Es un caso sin resolver, que duele a sus allegados, lo natural, pero también incomoda más allá, tanto a la policía como a quienes tienen algún tipo de mando sobre ella, digamos político o judicial. Seguramente la falta de resultados es frustrante para todos, tanto para quienes estaban hace tres años como para el último en llegar, que es el actual subdelegado del Gobierno, en el cargo desde primeros de julio. A las dos semanas, cuando acudió de visita a la comisaría de policía para reunirse con los jefes y hacerse la foto, se enfrentó al caso con el recurrente discurso de las prioridades, que si el caso se reabrirá tan pronto como haya algún elemento nuevo, que si la policía sigue trabajando en ello y que por aquí, vaya, habían vuelto los especialistas de homicidios de Madrid. O sea. Tres meses lleva el subdelegado del Gobierno en su despacho con vistas al parque de San Lázaro, abrumado por tan frenética actividad como prueba la hemeroteca, sin tiempo para nada, en consonancia con su altísimo nivel de competencias. Lo normal, vaya. Por eso, que recibiera a los familiares de Socorro justo el día después de la fiesta de la policía, aún en su retina las sonrisas de orgullo por el trabajo bien hecho, con sus aplausos, medallas y palmadas, seguro que no es una mera coincidencia, sino algo meditado, estudiado, tal vez pensado para amortiguar las amargas y lógicas quejas con las que posiblemente contaba.