La propuesta del grupo socialista únicamente consiguió el apoyo del BNG
08 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La Audiencia Provincial tiene en marcha un proceso judicial contra el exalcalde popular de Ourense Manuel Cabezas. La Fiscalía pide siete años de cárcel para él por el conocido como caso del 10 %. Se le acusa de no exigir a los promotores urbanísticos ese porcentaje en sus aprovechamientos entre los años 1997 y 2002, lo que habría causado un perjuicio de 1,6 millones a las arcas municipales. Sin embargo, el Concello de Ourense no se personará como afectado en esta causa.
La corporación debatió este viernes una moción del PSOE que así lo reclamaba, pero los socialistas solo consiguieron el apoyo del BNG. Wilson Jones argumentó que el Ayuntamiento debería tratar de recuperar el dinero perdido. Sonia Ogando, concejala popular de Urbanismo, recordó, no obstante, que el Ayuntamiento renunció a ese 10 % en base a un acuerdo plenario del año 1994, cuando era alcalde el socialista Veiga Pombo. Además, la edila explicó que en su día el Concello tampoco se personó en los casos que afectaban a concejales o exconcejales del bipartito de PSOE y BNG. Nadie de Democracia Ourensana intervino en este asunto y Ciudadanos se alineó con el gobierno. Su portavoz, José Araújo, admitió ser «amigo» de Cabezas (también fue concejal del PP con él) e interpretó la moción del PSOE como una maniobra de un sector de la formación socialista para lanzar a la exconcejala de Urbanismo Áurea Soto como candidata para las próximas elecciones municipales. Luis Seara, del BNG, acusó al actual gobierno de estar «sempre a favor dos especuladores».
Recurso PXOM
Por otro lado, durante el pleno la oposición fue muy crítica con la decisión de Democracia Ourensana de retirar el recurso que el partido había presentado contra la aprobación del PXOM. Miguel Caride, de DO, se justificó diciendo que no deben ser ellos mismos los que pongan «pedras no camiño» para sacar adelante el plan. Sonia Ogando, del PP, se negó, por su parte, a aclarar qué están negociando los socios de gobierno: «Ya se enterarán».
Pacto por el clima
El gobierno municipal sometió a aprobación de la corporación la propuesta de adhesión del Concello de Ourense al Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía. La iniciativa, que se debatió ya en ausencia del regidor, Gonzalo Pérez Jácome, fue aprobada por unanimidad. La oposición criticó la demora en esta adhesión. 52 concellos de la provincia ya lo hicieron en su día.
Ronda bulevar
El PSOE llevó al pleno una moción para reactivar el proyecto de la Ronda bulevar, que lleva en los planos desde los años sesenta del siglo pasado sin que nunca llegue a hacerse realidad. La iniciativa fue rechazada por la coalición de DO y PP porque, según explicó el gobierno municipal, antes es necesario aprobar el PXOM. Ciudadanos votó a favor y el BNG se abstuvo al entender que el proyecto entra en contradicción con el nuevo modelo de movilidad.
Casco histórico
La propuesta del BNG para poner en marcha un plan de dinamización del comercio en el casco histórico de la capital ourensana contó con el apoyo unánime del resto de grupos políticos. Todos hicieron hincapié en la necesidad de prestar especial atención a la zona sur.
Sanidad
El Bloque defendió una iniciativa para reclamar mejoras en la sanidad pública en la provincia en la que el gobierno vio intereses políticos. Sí la apoyaron el PSOE (íntegramente) y Ciudadanos (que rechazó las críticas a la actividad sanitaria privada).
Respeto
Ciudadanos había presentado una moción en la que reclamaba al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, un «bo comportamento e educación». El partido naranja la retiró tras ausentarse el regidor de la sesión.
A vueltas con la intermodal
El gobierno DO-PP rechazó una moción del PSOE (apoyada por BNG y Ciudadanos) que pedía paralizar las obras de la intermodal. Precisamente, el subdelegado del Gobierno, Emilio González, difundió este viernes un comunicado en el que informa de una reunión con el exalcalde Francisco Rodríguez y su equipo, que pidieron mejoras en el proyecto.
Jácome justifica los 86.000 euros que cobrará su «city manager» en que está buscando «un funcionario top»
El pleno que la corporación municipal de Ourense celebra este viernes ha aprobado el régimen retributivo del futuro coordinador general, un puesto de nueva creación al que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome se refiere como city manager. Todos los grupos de la oposición votaron en contra al entender que los 86.000 euros que costará su sueldo al año suponen un despilfarro
El regidor dice que la ley lo permite y que quiere un «funcionario top» para ese puesto. «Creemos en el sistema americano», dijo Jácome, que contrapuso a su staff, que se marchará con él, con los «enchufados» que, según dijo, dejaron sus predecesores. Javier Rey, del PSOE, recordó que el actual gobierno ya elevó al máximo legal el número de asesores del Concello y señaló que existen otras prioridades que atender en materia de personal. José Araújo, de Ciudadanos, pidió al alcalde que renuncie a su sueldo «para compensar este despilfarro económico». Finalmente, Luis Seara, del BNG, sugirió que el puesto será para el actual secretario de la Diputación ourensana, Francisco Cacharro.
El PSOE señala a Garrido
Gonzalo Pérez Jácome escuchó esas críticas y poco más porque el alcalde se marchó tras el debate sobre el city manager cuando solo había pasado una hora del pleno (que duró casi seis). El regidor explicó que debía irse para asistir a una asamblea del Eixo Atlántico en Portugal. Su ausencia fue censurada por la oposición, aunque varios portavoces destacaron la «tranquilidad» de la sesión sin él en el salón. Hubo, no obstante, un momento especialmente tenso cuando el socialista Rafael Rodríguez Villarino se hizo eco de una queja de padres de alumnos del IES O Couto por las ausencias reiteradas de su trabajo como profesora de la teniente de alcalde, María Teresa Rodríguez, de DO. Tras el revuelo que provocó esa alusión, el alcalde en funciones, el popular Jorge Pumar, dijo que no habría respuesta porque, según argumentó, es un asunto personal.
