Los delitos contra la mujer son más difíciles de investigar en el ámbito rural

La actuación de los cuerpos policiales es crucial para socorrer a las víctimas de violencia de género, darles apoyo e investigar hasta su esclarecimiento todos los casos delictivos para aportar pruebas que tengan validez cuando se celebre un juicio. En una provincia como Ourense, todavía de marcado carácter rural, la dificultad de investigar este tipo de delitos— ya de por sí complicados al tratarse de conductas que se producen en ámbitos íntimos— se acentúa. Por las circunstancias de mayor dependencia económica y laboral que puede tener la mujer, por el menor acceso a ciertos servicios que están centralizados y porque en los núcleos pequeños todo el mundo se conoce, explican Aser Moreiro y Laura Cruz, miembros del Equipo Mujer-Menor (Emume) de la Guardia Civil en Ourense. Este equipo forma parte de la Policía Judicial en la Comandancia de Ourense y está especializado en la investigación de delitos en los que están implicados mujeres y menores, bien sea como víctimas, bien como autores. Investigan delitos graves como abusos sexuales, pornografía infantil, homicidios o tráfico de seres humanos para su explotación sexual o laboral.

En cuanto a las denuncias por violencia machista, explican que se ha vuelto a los números de antes de la pandemia o incluso superiores. Cruz señala que, durante el confinamiento, los casos de violencia quedaron ocultos al estar la víctima vigilada por su agresor en el domicilio. Actualmente, son 205 casos los que lleva la Guardia Civil en su ámbito de actuación en toda la provincia. Tres de ellos son de nivel de riesgo alto y 29 medio. Los demás (77) son de riesgo bajo o no apreciado (96). Desde el Emume se ocupan de investigar los casos criminales más graves y de dar formación a sus compañeros guardias civiles de seguridad ciudadana, que son los primeros en llegar cuando se recibe una llamada de auxilio o tienen que recoger una denuncia. Obtener los datos necesarios en esa primera intervención puede ser clave para sustentar la investigación de estos casos, más allá de la declaración de la propia víctima. «O noso fin é conseguir as probas», apunta Moreiro. En este sentido, inciden en la importancia de que testigos o personas que conocen situaciones en las que se puedan haber violencias sobre la mujer lo comuniquen, aunque sea como una delación anónima. Todavía sigue siendo escasa este tipo de aportaciones de terceros, matizan. Sí que son un punto de partida las notificaciones de los servicios sanitarios. Pero sigue faltando concienciación e implicación social, observan, para reducir la incidencia de este problema. Y la actuación policial llega cuando el delito ya ha sido cometido, puntualizan. Eso sí, una vez se constatan los casos, los guardias civiles tienen información relevante sobre las víctimas de su demarcación para actuar rápidamente si sucede algo.

Sin revelar los métodos que utilizan, los investigadores del Emume subrayan: «Nunca abandoamos a investigación dun homicidio. Damos voltas por se hai novas técnicas que nos poden axudar». Y remarcan que cuentan con total colaboración y trato cercano en los juzgados y fiscales con los que tienen que trabajar. Desde el 2001, han sido siete los feminicidios ocurridos en la provincia de Ourense, cinco de ellos en el ámbito rural: Montserrat Martínez (2001) —un crimen machista ocurrido en Viana que se resolvió al cabo de once años de investigación—; Laura Alonso (2009), asesinada por su exnovio en Toén; Julia Lorenzo (2012), a la que mató su marido en Vilardevós, Isabel Fuentes (2015) — acuchillada por su marido en el CHUO, donde estaba ingresada por una grave agresión cometida por él en Verín— y Virginia Ferradás (2017), víctima mortal de su marido en el domicilio que ambos compartían en O Carballiño. En este período, en la ciudad murieron otras dos mujeres por casos confirmados de violencia machista: Rosa María Pinto (2006) y la última, Laura Añel (2020), aún pendiente de juicio. Estos son los casos esclarecidos policialmente, pero los investigadores afirman que hay una violencia de género oculta mayor que la que refleja el número de denuncias. Y eso que se ha avanzado en los recursos disponibles para asesorar a las mujeres que deciden dar el paso. Cruz indica que agentes especializados acompañan a las víctimas que presentan denuncia y les ofrecen los servicios disponibles (atención de un psicólogo, de un abogado especializado y de un trabajador social).

Otro problema que preocupa al Emume son los casos en los que las víctimas o los autores son menores de edad. Y aunque los jóvenes tienen hoy acceso a más información, falta concienciación para que dé frutos. Laura Cruz apunta que la última encuesta del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud refleja que crece el porcentaje de chicos (20 %) que niegan que exista violencia de género o le restan importancia. Pero las estadísticas reflejan «un aumento significativo» del número de denuncias en el grupo de edad comprendido entre los catorce y los veinte años.

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