La Asociación O Cimborrio pide al Concello de Ourense que no indemnice al hostelero desahuciado tras una orden de cierre anulada

Un hostelero del casco viejo de la capital ourensana reclama al Ayuntamiento 24.871,56 euros por verse obligado a cerrar su local de copas por una orden de cierre que fue anulada por sentencia judicial. El empresario culpó de esa medida a la presión de la Asociación O Cimborrio y la entidad, que agrupa a vecinos afectados por las molestias que generan los locales de ocio nocturno, asegura que el único culpable es él mismo.

«Sabía perfectamente que estaba ejerciendo una actividad para la que no tenía licencia, [...] es decir, ejercía la actividad fraudulentamente», dice la asociación en un comunicado. En él recuerdan que la Policía Local comprobó en varias ocasiones que el local estaba funcionando como un pub y no como un café-bar, que es para lo que tenía permiso.

Sobre el desahucio del hostelero, que dejó de pagar el alquiler cuando se vio obligado a cerrar el negocio, la culpa no es de O Cimborrio, aseguran, sino del propio empresario. «Lejos de reconocer su error y pactar con el propietario la rescisión del contrato, como hicieron otros hosteleros, con las primeras denuncias se dedicó a presionar en redes sociales, telefónicamente, por WhatsApp y en persona tanto a la concejala Sonia Ogando como a miembros de esta asociación», dice el comunicado.

Desde O Cimborrio se muestran sorprendidos por el hecho de que no fuesen los propios hosteleros de la zona que sí tienen la licencia adecuada los que denunciasen la situación de ese pub. Ahora, según dice la entidad, el Ayuntamiento «tiene que decidir si gratifica a la hostelera con dinero de la ciudadanía premiando el ejercicio de una actividad ilegal o ratifica la clausura».

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