La Xunta ratifica en Santiago la gestión indirecta para el centro de atención a personas con discapacidad de Ourense

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El presidente de la Diputación, Luis Menor, y el delegado de la Xunta, Manuel Pardo, tuvieron que desplazarse a Santiago para asistir el acto sobre el CAPD ourensano.
El presidente de la Diputación, Luis Menor, y el delegado de la Xunta, Manuel Pardo, tuvieron que desplazarse a Santiago para asistir el acto sobre el CAPD ourensano. CEDIDA

«É o momento de darlles a confianza que merecen», dice la conselleira sobre las entidades sociales a las que se dirige la licitación

29 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El pasado día 27 de diciembre, la Diputación de Ourense aprobó una moción conjunta de todos los grupos políticos en defensa de la gestión pública del Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD) construido por la Xunta de Galicia en Barrocás. La declaración salió adelante con el apoyo de PP, PSOE, BNG y DO. Aquel acuerdo consideraba «de xustiza» que el centro ourensano fuese gestionado directamente por la Administración, como ocurre con los que existen en las otras tres provincias gallegas. El presidente de la Diputación y del PP ourensano, Luis Menor, acompañó este martes a la conselleira de Política Social, Fabiola García, en un acto para presentar sus planes al respecto, que siguen pasando por la gestión indirecta del servicio.

La presentación tuvo lugar en Santiago de Compostela y se desarrolló en el marco de un encuentro con representantes del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). Fabiola García —que también contó con el respaldo del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo— subrayó que la licitación que la Consellería de Política Social acaba de impulsar para la gestión del CAPD a través de una entidad sin ánimo de lucro «será garante dunha atención e un servizo de máxima calidade e vangarda».

En su intervención, García hizo especial hincapié en defender la actividad de las entidades sociales para las que está destinada la licitación. «Aportan unha sensibilidade única e permiten prestar unha atención de máxima calidade aos usuarios», dijo la conselleira, que quiso disipar cualquier duda al respecto. Según explicó, esas entidades están en su mayor parte integradas por familiares de personas con discapacidad por lo que «están totalmente preparadas e así o levan demostrando moitos anos», remarcó. «É o momento de darlles a confianza que merecen», sentenció Fabiola García, que concluyó que los futuros usuarios del CAPD «estarán perfectamente atendidos e a Xunta velará porque así sexa».

En un comunicado difundido por la Diputación, Luis Menor agradeció la invitación al acto y destacó también la «ampla experiencia» de las entidades sociales, «avalada ademais polo recoñecemento do seu labor no conxunto da sociedade». Ya por la tarde, el presidente provincial recibió en Ourense a una representación de la plataforma ProCAPD. Según explica un comunicado, Menor «destacou que Ourense terá por fin un centro cunhas modernas instalacións que darán resposta ás necesidades das familias das persoas discapacitadas e cunha xestión que tamén vai garantir unha atención de calidade».

Críticas sindicales

Pese a todo, la reivindicación de la gestión pública directa no decae en Ourense y siguen siendo cada vez más los colectivos que se suman a la misma. En las últimas horas Comisiones Obreras y la CIG han difundido sendos comunicados con los que pretenden desmontar uno de los argumentos que la Xunta suele utilizar para defender la licitación del CAPD ourensano, que sería la falta de personal propio cualificado que pueda prestar el servicio. «Esta afirmación obedece a un pretexto sen fundamento para tentar xustificar a privatización da xestión», aseguran desde Comisiones Obreras.

Ambos sindicatos aportan datos sobre las listas de contratación de la propia Xunta, con 169 personas inscritas en la de psicología y 244 en trabajo social. «Xa está ben que se menosprece ao persoal da Consellería de Política Social, que está chea de bos profesionais», dice la CIG, que exige la anulación de la licitación del CAPD ourensano.