Casi mil ourensanos evitaron entrar en prisión cumpliendo penas alternativas en el 2024
OURENSE
Son medidas más beneficiosas para los condenados, la mayoría fueron trabajos comunitarios por delitos de seguridad vial o violencia de género
02 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Cumplir penas judiciales en libertad en vez de en prisión tiene muchos más beneficios para los condenados. Siguen trabajando, con sus familias y viviendo en comunidad. Es por eso que cada vez es mayor la carga de trabajo del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Ourense (SGPMA), que ejecuta estas sentencias judiciales en toda la provincia. Trabajan con condenados a menos de dos años de cárcel y que no tengan índice de peligrosidad. Ejecutan penas de trabajos en beneficio de la comunidad o programas de integración. En el 2024 atendieron a casi mil personas, especialmente convictos de seguridad vial o violencia de género. El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, visitó este martes la unidad.
Este servicio del Ministerio del Interior tiene su sede en la calle Curros Enríquez desde hace 18 años. Cuenta con un equipo multidisciplinar de cuatro personas. Está compuesto por el jefe de servicio, con dependencia de la dirección del centro penitenciario de O Pereiro de Aguiar; una psicóloga; un funcionario con tareas administrativas y otro trabajador más. Las penas y medidas alternativas permiten que un elevado número de personas no tengan que entrar en prisión. El Código Penal recoge la posibilidad de que una persona sea condenada a una pena que pueda cumplir en libertad, en lugar de ingresar en prisión, para determinados tipos de delitos y en ciertas circunstancias. La excepción de penas de prisión mayores a dos años son las sentencias de cinco de personas con problemas de drogodependencia.
El SGPMA recibe las sentencias judiciales, las gestiona con las entidades donde se cumplen las penas, desarrolla sus propios programas, y realiza el seguimiento posterior. La subdirectora de Tratamiento del centro penitenciario de O Pereiro de Aguiar, Ana Martínez, explica que en los últimos años han aumentado considerablemente el número de medidas alternativas por ser la opción más beneficiosa para los condenados. España era uno de los países de Europa con la mayor cantidad de penas de cárcel: «Había gente en prisión, perdiendo el contacto con la comunidad y teniendo un parón en su vida cuando podía ejecutar la pena fuera». En el 2024, el servicio gestionó un total de 952 penas, de las que 827 correspondieron a trabajos en beneficio de la comunidad y 125 a programas. La efectividad fue del 110,96 %. Las ventajas de este tipo de medidas, además de seguir integrados en la sociedad, es que tienen una «esencia reparadora» y una función reeducativa.
Como certifican los datos, los trabajos comunitarios son la mayoría de la medidas aplicadas. Son tareas de utilidad pública, talleres o programas. Por otra parte, los programas de intervención permiten suspender la condena de penas privativas. Se imponen como regla de conducta obligatoria y pueden ser planes de control de agresión sexual, violencia de género, educación vial o deshabituación de consumo de drogas. Entre las funciones del SGPMA también está el cumplimiento de la medida judicial de libertad vigilada.
Los delitos mayoritarios son los de seguridad vial y por violencia de género. Gran parte de las personas condenadas fueron interceptadas sin carné de conducir, con el permiso caducado o el vehículo sin seguro o cometieron graves infracciones. Los penados por violencia de género o agresión y abuso sexual suponen el grueso de los programas de intervención, como explicó la psicóloga Jennifer Rodríguez. La técnica se encarga de ocho programas en los que participan actualmente 109 personas. Se encarga de la parte rehabilitadora, la más positiva del proceso. Deriva parte de los condenados a planes realizados por otras asociaciones o por a la unidad de conductas adictivas.
Treinta concellos y ocho asociaciones reciben condenados
El servicio colabora con asociaciones o instituciones en las que los penados cumplen las medidas. La mayoría de concellos de Ourense son partícipes de estos programas. Actualmente hay personas ejecutando su condena en 30 municipios de la provincia: A Peroxa, A Rúa, Amoeiro, Avión, Bande, Baños de Molgas, Barbadás, Beariz, Boborás, Carballedad e Avia, Castro Caldelas, Coles, Cortegada, Leiro, Lobios, Maside, Montederramo, Monterrei, Nogueira de Ramuín, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Oímbra, Ourense, Ribadavia, Rubiá, San Cristovo de Cea, Taboadela, Verín, Vilardevós y Xunqueira de Espadanedo. Principalmente realizan tareas de limpieza y mantenimiento o auxiliares y de apoyo. Todos trabajan en coordinación con los servicios sociales municipales.
Entre el resto de instituciones públicas y privadas que reciben personas condenadas a medidas alternativas está el centro de O Pereiro de Aguiar con el mayor número de penados, actualmente son un total de 28. En Cáritas diocesanas, en el comedor social, están 16, y en Cruz Roja, 12. También colaboran el Comité Anti Sida, la Asociación REMAR, Proyecto Hombre y Alcohólicos Anónimos.