Acusan al alcalde de Verín de promover obras ilegales en el entorno de una iglesia y él alega que eran una «emergencia» y que se puso una «capita de hormigón»
OURENSE
La Fiscalía de Ourense reclama seis años de prisión y doce de inhabilitación para el regidor socialista Gerardo Seoane Fidalgo
11 sep 2025 . Actualizado a las 16:14 h.«No era un proyecto, era una emergencia». Así justificó el alcalde de Verín las obras que realizó a principios del año 2019 en el entorno de una iglesia de su ayuntamiento y por las que ha terminado sentándose en el banquillo de la Audiencia Provincial de Ourense. Acusado de cometer delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio que le podrían costar su carrera política e incluso llevarlo a la cárcel, el regidor socialista trató este jueves de defender su inocencia en la sala de vistas, asegurando que los polémicos trabajos eran urgentes porque «había que velar por la seguridad de los vecinos».
Así, explicó que contrató las obras con muy poca antelación, tras comprobar que el muro cercano a la iglesia de San Bartolomé de Queirugás corría riesgo de derrumbarse tras días de intensas lluvias. «Fui allí y se hizo de un día para otro», aseguró. Admitió ser conocedor de que el templo está inventariado y como tal sometido a una protección urbanística especial que implica que haya que pedir autorización a Patrimonio para realizar obras, pero afirmó que al tratarse de un «mantenimiento de emergencia» no era necesario tal permiso de la Xunta. Eso si, tras la demolición del muro la zona quedó «hecha un desastre», en palabras del propio Seoane, por lo que fue necesario adecentarla con una «capita de hormigón», dijo. Alegó que existe una instrucción de la Xunta que ampara esos trabajos e insistió en que no se alteró el entorno del templo, asegurando que «ahora se ve mejor». También dijo que ese tipo de reformas se ejecutaron en otros núcleos urbanos del ayuntamiento durante su mandato, que comenzó en el año 2015.
Pero la Fiscalía sostiene que se realizaron movimientos de tierras para excavar zanjas destinadas a introducir nuevas canalizaciones de abastecimiento de agua, saneamiento y soterramiento de las redes de suministro eléctrico y alumbrado público y que por ser de esa magnitud precisaban permiso de la Xunta. Los técnicos de Patrimonio que informaron sobre el asunto en su día y que declararon este jueves en la Audiencia Provincial de Ourense así lo entienden también. La entonces jefa de coordinación cultural declaró que se tuvo conocimiento de los hechos a través de denuncias anónimas y llamadas a la Policía Autonómica. «La magnitud de la obra que se hizo allí excedía del mantenimiento y la conservación», dijo, asegurando que lo preceptivo era pedir autorización y que, al no tenerla, se abrió un expediente para paralizar los trabajos.
«Aquello era una obra mayor», coincidió otro arquitecto que declaró como perito durante el juicio. Según su criterio, la reforma del entorno del templo debía haberse hecho después de solicitar un permiso y tras elaborarse una memoria, un proyecto y un presupuesto, pasos que no se siguieron. Ni siquiera la entonces secretaria municipal, Carmen Saborido, tuvo conocimiento de aquella decisión de alcalde. Así lo declaró en la vista, recordando que se enteró cuando llegó el expediente para la reposición de la legalidad emitido por la Xunta. «Aunque fuera una urgencia, había que justificarla», declaró.
El arquitecto municipal aseguró que supo del proyecto en marzo y se mostró convencido de que era de tal magnitud que se hacía necesaria la autorización de la Xunta de Galicia. «Desde luego que sí» dijo al preguntarle la fiscala Carmen Eiró si lo que se hizo en Queirugás fue una obra mayor. «Hasta se ampliaron las dimensiones de la calle», aseguró, relatando que también se llevaron a cabo movimientos de tierra que «jamás» podrían estar recogidas en la instrucción en la que se ampara el regidor. Este técnico, a mayores, puso en duda que se tratara de una emergencia ya que el muro llevaba años en estado ruinoso.
El arquitecto de la Dirección Xeral de Patrimonio que hizo el informe a raíz de la denuncia de la Policía Autonómica, explicó que estuvo tres veces en Queirugás. La primera de ellas fue el 21 de febrero del 2019. «Había obras en un entorno protegido», dijo, detallando la existencia de trabajos de urbanización, no de mantenimiento. Al constatar que desde el Concello de Verín no se había pedido autorización para llevarlas a cabo, se realizó una notificación en la que se requería que parase las obras, pero según dijo se hizo caso omiso a esto. «No solo no las pararon, sino que avanzaron», afirmó, detallando que la remodelación afectó al muro del atrio de la iglesia, constatándose «variaciones sustanciales» respecto a la situación original.
«Ahora las fotos quedan más bonitas», opinó la arquitecta que realizó el proyecto de legalización de las obras en ese núcleo urbano, a instancias del Concello de Verín. Coincidió con el regidor acusado en que lo que allí se hizo fue poner «una capa de hormigón» y sostuvo que gracias a eso ahora la zona queda «más despejada». Eso sí, a preguntas de la fiscala admitió que ella nunca llegó a ver los trabajos que se hicieron en el 2019, y que ahora se cuestionan.
«El alcalde es culpable», afirmó la representante del ministerio público en su turno de conclusiones. Recordó Carmen Eiró que el acusado es arquitecto de profesión, y como tal debía estar al tanto de las obligaciones legales que entraña realizar un proyecto como el que se llevó a cabo en torno al templo. «Obvió todos los procedimientos y lo ocultó», dijo, atribuyéndole una conducta «arbitraría y mendaz» por la que reclama seis años de cárcel. A mayores, interesa doce años de inhabilitación para el regidor.
La defensa aspira a la libre absolución. El abogado del alcalde, Eduardo Sánchez, afirmó que el regidor actuó creyéndose amparado por una norma que permite obras menores en entornos como el de la iglesia de San Bartolomé y aseguró que las diligencias de investigación se incoaron antes de que el Concello tuviera tiempo de presentar alegaciones a la solicitud de paralización de las controvertidas obras.
Antes de abandonar la sala de vistas Gerardo Seoane quiso aprovechar su derecho a la ultima palabra para atribuir todo este asunto a una venganza de su antecesor en el cargo. «La denuncia anónima tiene nombre, el del anterior alcalde», afirmó en referencia a Juan Manuel Jiménez Morán, del Partido Popular. Insistió en que lo que hizo estuvo bien y volvió a manifestar que fue todo por ayudar a sus vecinos. El caso quedó visto para sentencia.