La Audiencia de Ourense condena a dos años de cárcel al alcalde de Verín y le impide presentarse a las próximas elecciones municipales
OURENSE
Los magistrados ven probado que el regidor socialista hizo unas obras ilegales en el entorno de una iglesia, si bien lo absuelven de un delito de prevaricación que también se le atribuía
24 sep 2025 . Actualizado a las 17:27 h.Las obras que el alcalde de Verín, el socialista Gerardo Seoane, promovió en el entorno de una iglesia de su municipio no fueron menores ni de emergencia. Los argumentos a los que se agarró el regidor para tratar de ser absuelto del delito contra la ordenación del territorio que le atribuía la Fiscalía no han tenido recorrido alguno. Tras analizar a fondo las pruebas del caso y tener en cuenta los contundentes testimonios vertidos durante el juicio, los magistrados de la Audiencia Provincial de Ourense han visto probado que vulneró la legalidad, ya que actuó de espaldas a la corporación municipal y sin solicitar los permisos necesarios para los trabajos. Le imponen por ello una condena de dos años de cárcel, un reproche penal que está muy lejos de los seis que se habían reclamado en el caso. Esto se debe a que el tribunal no ve atribuible al regidor el delito de prevaricación que también se le achacaba.
La condena, que incluye el pago de una multa de 2.520 euros, complica su futuro político ya que contempla la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la pena. Esta medida no lo aparta de su puesto de alcalde, que ejerce desde el 2015, pero sí lo priva de la opción optar a cargos públicos, por lo que no se podría presentar a las municipales del 2027 en este municipio ourensano que supera los 14.000 habitantes. En todo caso, la sentencia no es firme y contra ella cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El asunto tiene su origen en una obras realizadas en febrero del año 2019 en las inmediaciones de la iglesia parroquial de San Bartolomé de Queirugás, un templo catalogado y sometido a una protección urbanística especial. A pesar de que el acusado dijo en la vista que había un peligro de derrumbamiento de un muro y que tras retirarlo se limitó a echar una «capita de hormigón», el tribunal ve probado que las obras fueron mucho más complejas.«Se acordó la demolición y levantado del firme de hormigón existente en el tramo de la calle, movimientos de tierras por excavación de zanjas para la introducción de nuevas canalizaciones de abastecimiento de agua; saneamiento y soterramiento de las redes de suministro eléctrico y alumbrado público; introducción de arquetas y canalizaciones y ejecución de nuevo firme, mayoritariamente de hormigón en acabado rugoso en la zona correspondiente al lateral de la Iglesia», detalla la resolución, que da por hecho que Seoane Fidalgo acometió ese proyecto sin pedir permiso a la Consellería de Cultura, como era preceptivo
«En la ordenación del territorio, la figura del alcalde juega un papel crucial en la protección de zonas, principalmente en lo que respecta a la planificación y ejecución de planes territoriales y urbanísticos municipales. Como máximo responsable municipal, es el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa y de representar los intereses de la comunidad en la gestión del territorio», argumenta la sentencia, que considera que lo que se hizo en el entorno de la iglesia supuso una «afectación importante» en el entorno por su complejidad técnica. Uno de los peritos que declaró en la vista aseguró que se llegó a modificar la dimensión de la calle.
Ante esto, los togados atribuyen la responsabilidad exclusiva de lo ocurrido al investigado, al que acreditan como promotor del proyecto, y consideran que su conducta fue constitutiva de un delito contra la ordenación del territorio, descartando que se pueda advertir la prevaricación urbanística que también apreciaba el ministerio público.
Durante la vista el arquitecto de la Dirección Xeral de Patrimonio que hizo el informe a raíz de la denuncia de la Policía Autonómica, explicó que estuvo tres veces en Queirugás. La primera de ellas fue el 21 de febrero del 2019. «Había obras en un entorno protegido», dijo, detallando la existencia de trabajos de urbanización, no de mantenimiento. Al constatar que desde el Concello de Verín no se había pedido autorización para llevarlas a cabo, se realizó una notificación en la que se requería que parase las obras, pero, según dijo, se hizo caso omiso a esto. «No solo no las pararon, sino que avanzaron», afirmó, detallando que la remodelación afectó al muro del atrio de la iglesia, constatándose «variaciones sustanciales» respecto a la situación original.
Irá hasta la última instancia
Tras conocer la sentencia el Concello de Verín emitió una nota de prensa en la que el regidor sigue manteniendo su inocencia y adelanta ya que presentará recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y que «pelexará ata a última instancia». «As obras de emerxencia tiñan amparo legal», insiste, al igual que ya hiciera en el juicio. «Celebro enormemente a sentenza absolutoria do delito de prevaricación, obviamente absolutamente inexistente -como recoñece a propia sentenza absolutoria- e que contaba cunha petición de pena da Fiscalía cuxa desproporción evidencia o erróneo da estimación sobre as actuacións urbanísticas», asegura en este escrito Gerardo Seoane, en el que expone que tampoco quedó probado el delito contra la ordenación del territorio ya que, en su opinión, «no caso da contorna da rúa da Igrexa de Queirugás non só era legalizable, senón que conta ca autorización emitida por Patrimonio, donde se fai referencia a que se autorizan as actuacións na contorna da Igrexa Parroquial específicamente». Adelanta ya que su recurso se basará en diez motivos, entre ellos la «absoluta indefensión deste alcalde».
Reacciones políticas
Seoane cuenta con el apoyo del PSOE. La dirección provincial del partido ha difundido un comunicado en el que dice que «os tempos agora márcaos o propio alcalde». Los socialistas ourensanos, dirigidos por Álvaro Vila, se remiten a las explicaciones dadas por el regidor y dicen confiar en que la Justicia resuelva pronto su recurso. También el PP ourensano, encabezado por Luis Menor, ha terciado en este asunto. Los populares exigen la dimisión «inmediata» de Seoane «polo seu continuo desprezo á legalidade». Además, instan a sus socios de gobierno, del BNG, a responder de forma contundente tras la sentencia de la Audiencia Provincial, y los invita a ser ellos quienes fuercen la dimisión del alcalde.