Los plenos de Concello y Diputación han reprobado en este mandato a sus máximos responsables
03 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La reprobación de un cargo público es una mera declaración política sin efectos jurídicos de ningún tipo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ahora está en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre el caso de La Manada, lleva reprobado desde hace casi un año. Esa situación -más allá del escarnio público que supone ser el primer miembro de un Gobierno reprobado en la historia de la democracia- no ha tenido ninguna consecuencia para él, como tampoco la tendrá para el alcalde ourensano tras el acuerdo adoptado ayer. De hecho, su predecesor, el socialista Agustín Fernández, también fue reprobado y terminó el mandato sin que esa situación lo obligase a dimitir.
Tampoco dejó su cargo Jesús Vázquez con motivo de su primera reprobación, que tuvo lugar el 8 de febrero del año 2016. En pleno lunes de entroido, Democracia Ourensana y el PSOE se aliaron para sacar adelante esa iniciativa. El único cambio con respecto a lo ocurrido ayer es que al acuerdo se han sumado en esta ocasión los tres concejales de Ourense en Común, de modo que toda la oposición se mostró unida en la decisión de reprobar al alcalde.
La marea también se había desmarcado en abril del año pasado, cuando Democracia Ourensana solicitó otro pleno extraordinario para solicitar la dimisión del alcalde. Entonces, en lugar de la reprobación, se habló de otro concepto, el de la procrastinación, que según la Real Academia Galega es el acto de procrastinar, es decir, «diferir, aplazar». Los grupos acusaban al alcalde de inacción en la defensa de los intereses de la ciudad y la propuesta salió adelante con los votos de Democracia Ourensana y PSOE.
Las reprobaciones tienen éxito en el Concello porque el gobierno del PP está en minoría. En la Diputación los populares disfrutan de mayoría absoluta por lo que la situación es bien diferente. El último pleno provincial debatió una iniciativa de Democracia Ourensana que pedía reprobar al presidente, José Manuel Baltar, por usar dinero público para situar a la institución en los primeros puestos de los ránkings de transparencia. La propuesta contó con el apoyo de PSOE y BNG, pero fue tumbada por los votos mayoritarios del PP. No ocurrió lo mismo en noviembre del año 2015, cuando toda la oposición pedía la dimisión de Baltar por el caso de acoso sexual del que le acusaba una mujer (que fue archivado). El PP no asistió a aquella sesión lo que permitió la aprobación de la reprobación.
La de Alfredo García acabó en un juzgado contencioso
Otra reprobación que salió adelante en la Diputación fue promovida por el gobierno del PP contra el alcalde de O Barco, Alfredo García, por utilizar partidistamente su cargo como presidente de la Fegamp, según decían. El secretario concluyó que no se había tramitado bien y el asunto acabó recurrido por el PSOE en el juzgado contencioso.