Mientras, amparado por los derechos constitucionales que permiten cerrar la boca -o mentir, abiertamente- a quien acude ante un juez en calidad de investigado o de acusado, O Carballiño se queda sin su Gazpara. Porque, hablemos en serio, podrá reabrir el negocio reconvertido en local con cocina brillante, baños y suelos impolutos, copas de bohemia, mantelería de fino hilo y cocinero de vinte estralos como tirón, lo cual es merecedor de un enorme aplauso, anticipado queda desde aquí, pero la ausencia dolerá. Se notará, faltará algo, pero la vida sigue. Es como con lo de un alcalde, pongamos el de Xinzo, que diga que él no lee lo que firma en su condición de regidor. Hasta habrá quien lo apruebe. Esta semana está comprobando en primera persona la incomodidad del mismo banco donde un día y otro se sientan maltratadores, estafadores, cacos, cultivadores de marihuana, machistas, chulimanguis, broncas y delincuentes de variado pelaje. Pero él es un político, presunto, pero político, que no es lo mismo que ser un común y llegar allí acusado, un suponer, de administración desleal a una empresa, o hurtar una pasta a la hora de pagar impuestos. Al alcalde lo acusan de prevaricar por haber contratado de aquella manera, es decir, sin respetar la legalidad. Que también es casualidad, por cierto, que al final casi todos los políticos que adquieren por estos pagos la categoría de presuntos (delincuentes) hayan tropezado en el mismo escenario, que no es otro que el de los contratos, ya sean fijos o temporales, golosos o no, que de todo hay en el paño. El Gazpara cierra porque ha completado un ciclo. Estos otros solo dejan la poltrona cuando los echan.