El interventor de Ourense dice que Jácome lo convirtió en su «saco de boxeo» y pide 150.000 euros por daños morales
OURENSE CIUDAD
Los abogados del Concello y del alcalde, que declaró por escrito, enmarcan los comentarios al funcionario en la «crítica profesional»
17 abr 2024 . Actualizado a las 15:54 h.Segundo juicio en menos de un año en el que se habla de acoso dentro del Concello de Ourense. Si en septiembre del año pasado el titular del Juzgado de lo Social 1 de la ciudad veía la demanda de la jefa de Policía Local contra el edil de seguridad y el propio Ayuntamiento, por haberla sometido a un hostigamiento que se dio por probado, ahora las sospechas se centran en el propio alcalde. El interventor municipal, Gonzalo Alonso, sostiene que el regidor lo sometió a una situación de hostigamiento que lo ha llevado a sufrir problemas de salud y ha presentado una demanda por infracción de la ley de prevención de riesgos laborales en la que reclama 150.000 euros.
La vista por este asunto tuvo lugar este miércoles, precisamente en la misma sala y ante el togado que se encargó también del caso de María Barrera. El lugar que ocupó hace siete meses la responsable policial fue el mismo en el que se sentó Gonzalo Alonso, quien no tuvo que prestar declaración. Tampoco se escuchó al alcalde, demandado en este caso, aunque sí contará el magistrado con su testimonio. Gonzalo Pérez Jácome presentó por escrito su versión de los hechos, contestando a las preguntas formuladas por las partes y acogiéndose así a una posibilidad que tienen los cargos públicos, gracias a la cual logró evitar la foto en la sala de vistas.
«Hubo unos hechos concretos que considerados en su conjunto supusieron una conducta de acoso y hostigamiento de un superior a su inferior jerárquico», aseguró el abogado del interventor, que describió una situación «continuada en el tiempo» que discurrió tanto en el plano público, con comentarios controvertidos durante los plenos,como en el administrativo, ya que el alcalde incoó expediente para cesar al funcionario en su puesto de trabajo.
El letrado, Javier Rivero, aseguró que su cliente pidió que se activara el protocolo de acoso, una medida que según él, «ha sido infructuosa hasta el momento» y lamentó que se llegara a tildar a su cliente de «ignorante» ante los medios de comunicación. «Se le convirtió en un saco de boxeo de todos los retrasos e incidencias que había en la ciudad», dijo el letrado, que asegura que Alonso tiene problemas de salud. «El daño ya está hecho y no es poco, ya que ha necesitado terapia psicológica», dijo.
Así lo confirmó una profesional, que dijo que el interventor es su paciente desde el mes de enero y señaló que llegó hasta ella por una situación de «conflictividad laboral». La perito explicó que el funcionario está sometido a un «estrés elevado» y cree que esa situación puede afectar, entre otros aspectos, a su capacidad de concentración. «Hasta ahora ha podido seguir trabajando, pero a costa de un malestar significativo», afirmó.
Y es que los abogados que representan al Concello de Ourense y al propio alcalde, ambos demandados, cuestionan que el funcionario sufra un trastorno de ansiedad y pueda seguir acudiendo a su puesto a diario. «¿Cómo es que no ha cogido una baja?», se preguntó el letrado de Jácome, que cree que la demanda debe ser desestimada porque los hechos que se recogen en ella no son acoso, sino «un conflicto entre dos cargos públicos». Encajó los comentarios del regidor en la «crítica profesional» y recordó que la mayor parte de los hechos que se consideran controvertidos se produjeron en plenos municipales.
El letrado del Concello, en la misma línea, habló de «conflicto y no acoso» y dijo que Jácome criticaba al cargo y no a la persona. «No hay violencia psicológica, sino derecho al ejercicio de la crítica», aseveró, minutos antes de que se reprodujeran vídeos en los que se escucha al alcalde llamar al funcionario «negligente» o «auténtico vago».
«Si yo pongo verde al interventor, lo que queda es joderse y denunciar», sostenía el regidor en otro de los vídeos aportados por el abogado de Alonso, quien también presentó grabaciones en las que Jácome acusa al interventor de «gobernar la ciudad» y advierte que «no lo va a permitir».
Que el alcalde negara la palabra en los plenos al interventor era algo frecuente en muchas de las sesiones. Jácome alegaba que la ley era la que le impedía tomar la palabra y, sobre esto, se preguntó en la vista al secretario general del Concello, Luis María Bermúdez. «Nunca se niega la palabra al interventor de forma tan reiterada», dijo el funcionario, quien también admitió que lo que pasaba entre demandante y demandado era cuando menos infrecuente: «Ni es normal que se pida tanto la palabra, ni tampoco que se deniegue tanto».
Antes de levantarse la sesión y dar tiempo a las partes para que presenten conclusiones por escrito, el juez Javier Blanco Mosquera escuchó la declaración de José Manuel Oliver, que ocupa el puesto de director de recursos humanos. En su despacho está el expediente del protocolo antiacoso que se abrió por este asunto y por el que aún no se han activado medidas. «Se ha tomado declaración a todos y se está haciendo el informe», dijo, asegurando que no se ha podido cumplir el plazo que se marca en estos casos, de 10 días, ya que «es imposible hacer algo en ese tiempo».