El juez solicita algún manuscrito viejo al implicado, que está en prisión preventiva
05 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Prácticamente está terminada la investigación judicial sobre la muerte de Isabel Fuentes, la vecina de Verín que perdió la vida el 8 de mayo del 2015 apuñalada en el CHUO cuando se recuperaba de una agresión anterior con un martillo, en las dos ocasiones presuntamente a manos de su marido, Aniceto Rodríguez. Solo falta determinar si es este hombre el autor de una nota manuscrita aparecida en la habitación donde Isabel murió y donde él intentó sin éxito quitarse la vida. Incluye frases y expresiones que las partes personadas en la causa tachan de inconexas y también una referencia a irse xuntos, que se interpreta como una confesión. Que ese papel pueda tener algún valor determinante es algo poco probable, pero, en todo caso, la acusación particular no quiere dejar cabos sueltos y ha pedido un informe caligráfico que corrobore su autoría. La firma incorporada en el DNI de Aniceto no ha sido suficiente para que los especialistas de grafología de las fuerzas de seguridad hicieran un informe concluyente. Han pedido algún escrito más, indubitado, para poder hacer el cotejo. Desde el juzgado, la respuesta ha sido dirigirse al imputado para que envíe alguna hoja manuscrita, anterior a los hechos. Teniendo en cuenta que está en prisión y tampoco se ha autorizado su salida, ni ordenado un registro en la vivienda de Pazos, difícilmente será atendida esa inusual petición por parte de Aniceto Rodríguez.
La situación se complica, además, puesto que el presunto autor de las anotaciones sufre secuelas como consecuencia de un ictus, posterior a la muerte y al intento de suicidio, por lo que tampoco resultaría factible aportar muestras de escritura actual.
Así las cosas, sin que falten otras pruebas ni estén pendientes más actuaciones o informes, es previsible que la instrucción se pueda cerrar con la rapidez que exige el hecho mismo de que sea una causa con preso. Al no haberse completado la pericial caligráfica solicitada, queda por ver únicamente qué camino se sigue ahora: si el juez decide la entrada en la vivienda en busca de algún escrito de Aniceto, o si renuncia a esta prueba dada la aparentemente escasa relevancia que tendrá. Siempre a salvo de acciones inesperadas, la intervención del detenido en la muerte de Isabel Fuentes es algo que no ha sido objeto de discusión desde que se produjo el suceso en mayo del 2015.
Que Aniceto está afectado por el ictus es algo que ninguna parte discute, aunque seguramente será motivo de debate su alcance. Los forenses, de todos modos, han dictaminado que está en condiciones de ser juzgado, de la misma forma que pudo prestar declaración y acudir hasta la casa de Pazos para una reconstrucción de hechos de la primera agresión del 8 de abril del 2015.
La primera agresión la denunció como un intento de robo
La primera agresión sufrida por Isabel Fuentes la atribuyó Aniceto, al denunciarla, a unos ladrones que habían entrado en la vivienda. Así se lo presentó a la Guardia Civil. Las pesquisas realizadas por el equipo de policía judicial reorientaron el caso hacia el denunciante como principal sospechoso. Lo veían como un caso de violencia familiar, aunque la jueza que entonces instruía el asunto no compartía la tesis ni atendió las peticiones de la Guardia Civil.
La familia insiste en reclamar que sea expedientada la jueza que había iniciado el asunto
Mientras la causa avanza, con la perspectiva de que antes de finalizar el año pueda estar rematada si no se atasca más la prueba caligráfica, la familia sigue esperando respuesta del Consejo General del Poder Judicial a su recurso de alzada contra la decisión de no expedientar a la jueza que era responsable de la instrucción de la primera agresión. Los allegados sostienen que de haber actuado de otro modo, como pedía la Guardia Civil cuando la investigación permitió determinar que no era un robo sino un caso de violencia de género el que se había producido el 8 de abril del 2015 dentro de la vivienda, el agresor no hubiera tenido ocasión de rematarla en el CHUO.
Diez meses de espera
La denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial cayó en saco roto. A finales de octubre del pasado año conoció la familia la decisión del consejo, en el sentido de considerar correcta la actuación de la jueza. Contra aquella decisión presentaron, dirigidos por la letrada Beatriz Seijo, el correspondiente recurso de alzada. Desde entonces, transcurridos casi diez meses, no han tenido noticia alguna del CGPJ, un silencio para que la abogada no tiene justificación alguna.
Tampoco encuentra explicación, según añade, al hecho mismo de que la investigación del Poder Judicial se hubiera iniciado solo porque ella la solicitó, sin que se hubiera hecho de oficio, dado la notable relevancia y repercusión público que tuvo el asunto al haber trascendido las graves y profundas diferencias de criterio manifestadas por la jueza -actualmente destinada en Ponferrada- y la Guardia Civil.