La recalificación de los terrenos ferroviarios anexos a la estación y los de la antigua cárcel, para construir los Juzgados, transformaron la zona Este de Pontevedra
21 jun 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Las más recientes y grandes operaciones urbanísticas promovidas por el Concello y otras entidades públicas y privadas, como las recalificaciones del cuartel de Campolongo, Tafisa o la finca de la ONCE, esta última de momento paralizada por la Xunta, tuvieron importantes precedentes en la década de los noventa y tampoco estuvieron exentas de polémica por, supuestamente, especulativas o insuficientes para los intereses de Pontevedra. Pero lo que hoy nadie cuestiona es que contribuyeron a «abrir ciudad», sobre todo hacia el Este.
Javier Cobián casi había agotado su mandato cuando llegó a un acuerdo con Renfe para recalificar una amplia superficie de terrenos ferroviarios anexos a la estación, paralelos a la avenida de Eduardo Pondal y al trazado que entonces ya estaba previsto para la segunda fase del anillo da Eiriña (hoy avenida 12 de Noviembre).
El 17 de mayo de 1995 Juan Luis Pedrosa tomaba el relevo en la alcaldía y un día antes su antecesor había firmado el convenio con la compañía nacional de ferrocarriles, que consistía básicamente en convertir en edificables 28.000 metros cuadrados calificados como ferroviarios y en desuso. A cambio, el Concello obtenía 4.000 metros cuadrados para equipamiento, 33.000 para construir un Centro Intermodal de Transportes al otro lado de las vías del tren y detrás del todavía existente edificio de la vetusta cárcel de A Parda, aunque ya clausurada. El Ayuntamiento conseguía también una franja más de terreno para rematar la urbanización de la avenida de Eduardo Pondal, evitando pagar por su expropiación.
Doblete
En septiembre de ese año 95, la corporación entrante ratificó en pleno ese convenio con Renfe, que después sufriría adendas o modificaciones varias. Y paralelamente, el nuevo gobierno de Pedrosa aprobó en la misma sesión plenaria otro acuerdo que completaba al anterior y con el tiempo le reconocerían como uno de los principales logros de su mandato. En este caso, lo firmó con la Sociedad de Infraestructuras Penitenciarias y supuso que los más de 6.000 metros cuadrados de la vieja prisión de A Parda se recalificaran y se dividieran en tres parcelas: 2.038 metros cuadrados para construir el actual edificio de los Juzgados, otros 1.953 para viviendas (actual edificio Mirabeles) y los restantes 2.273 metros cuadrados para una plaza pública de titularidad municipal.
La oposición rechazó entonces ambos convenios de recalificación por considerarlos «especulativos» o, en todo caso, «poco beneficiosos para la ciudad». El BNG se opuso a los dos y el PSOE se abstuvo en el de A Parda y votó en contra del de Renfe.
Consecuencias
El convenio de la cárcel se logró en un tiempo récord, pese a la complejidad de la negociación, y con el se consiguió que el edificio de los Juzgados, una mole de nueve plantas, no se construyese en Campolongo, pegado a la sede de la Audiencia Provincial, donde hoy está la plaza de la Libertad.
En cuanto a las consecuencias que tuvo la operación firmada con Renfe, a la vista están. La compañía desarrolló aquí la política de aprovechamiento y rentabilización de espacios y terrenos ferroviarios que ya había aplicado en otras ciudades españolas y gallegas.
De esa recalificación salió el actual centro Vialia, la Ciudad de Piedra con sus 400 viviendas y la ampliación y urbanización de la calle Eduardo Pondal tal como está hoy en día, además del local de ensayos para grupos musicales y el albergue de Peregrinos. E indirectamente, después vendría rodadas otras actuaciones como la finalización del segundo tramo del anillo da Eiriña, el cubrimiento de la vía férrea entre Joaquín Costa y Loureiro Crespo, el desdoblamiento del estrecho túnel bajo la línea férrea en la zona de O Marco y el ferrocarril a Marín, merced a sucesivos acuerdos entre administraciones.
Sin embargo, nunca se llegó a ejecutar, donde en principio está previsto, el Centro Intermodal de Transportes (CIT). Con la llega de los nacionalistas al Gobierno municipal hubo cambio de planes y los 33.000 metros cuadrados reservados para este fin, según dejaran firmado los ex alcaldes Cobián y Pedrosa, se destinarían a un parte público lúdico y deportivo. Mientras que el CIT se construiría en el nuevo polígono de A Reigosa, proyectado en terrenos de ponte Caldelas como una ampliación del parque empresarial de O Campiño.
Nada más tomar posesión, Fernández Lores no dudó en calificar de «nefasta» la ubicación inicial del Centro de Transportes al lado de la estación del tren por problemas de accesos y por ser una zona de clara expansión de la ciudad. Los responsables de Renfe coincidieron con la decisión de buscar otro emplazamiento, que además les benefició para ampliar su playa de carga y descarga de contenedores, derivada del proyecto de construcción del tren a Marín.
A día de hoy ese parque lúdico deportivo de A Parda sigue sin ejecutarse y el CIT de A Reigosa, aunque urbanizado, tampoco existe como tal.