Sobre ambos pesan sendas acusaciones por coacciones y obstrucción a la Justicia
13 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El ex vicepresidente y ex presidente en funciones de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Antonio Gómez Rivera, y la secretaria de la entidad, Charo Lorenzo, declararon ayer en los juzgados de A Parda como imputados en el procedimiento que se sigue contra ellos por un presunto delito de coacciones y obstrucción a la Justicia, en relación con el despido de tres trabajadores.
Los demandantes Augusto Aláez, Cristina Montenegro Moldes y Francisco Javier Fernández fueron despedidos el pasado 28 de diciembre, alegando la institución cameral causas objetivas y económicas por la supresión del recurso cameral permanente -la cuota obligatoria que pagaban las empresas- y el consiguiente descenso de ingresos.
A esta demanda se sumaron también otros dos trabajadores afectados por la rebaja de salarios entre un 30 y un 50 %, aplicada también por la Cámara por los mismos motivos.
Lorenzo y Rivera negaron en su declaración ante la titular de la jueza que instruye la causa las acusaciones sobre supuestas coacciones y obstrucción a la Justicia que denunciaron ante la Fiscalía los empleados y ex empleados.