Los casos aireados por los populares de supuesta prevaricación han sido todos sobreseídos
09 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Es la tónica con cada caso que, en los últimos años, el Partido Popular de Pontevedra ha aireado de supuestas prevaricaciones en el equipo de gobierno capitalino. Ocurrió en el 2011 con Naturgalia, hace algunas semanas con el contrato de alumbrado de Setga y acaba de reproducirse ahora con la causa abierta a raíz de las prórrogas concedidas a la empresa Elsamex para el mantenimiento de jardines. En todas ellas, los populares, o bien denunciaron directamente la actuación del Concello, o bien, en el supuesto concreto de Setga, fueron los voceros, los que publicitaron que el fiscal investigaba una denuncia anónima.
En este saco, cabría incluir la causa separada de la operación Patos que hace alusión a la relación de la firma Cespa con el Concello y por la que el PP insistió infructuosamente en crear una comisión de investigación.
En todos estos supuestos, el grupo municipal denuncia o abandera una investigación que, posteriormente, los jueces o los fiscales terminan archivando. Si hace cinco años, el concejal Raimundo González (BNG) llegó a tener que ir a declarar al edificio de A Parda para ver cómo terminaba siendo exonerado de cualquier responsabilidad penal, en los casos más recientes ningún edil del gobierno llegó a tener que sufrir este paseíllo.
De hecho, la denuncia anónima relativa al alumbrado del rural ni llegó a ser judicializada. No pasó el filtro de la Fiscalía, donde ha terminado muriendo.
La que sí recaló en un juzgado de instrucción fue la de Elsamex. Ayer, trascendió que el ministerio público pretendió, en su día, que se tomará declaración al alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y a la concejala Anxos Riveiro en calidad de investigados, figura equiparable a la de imputados. El juez instructor rechazó de plano tal posibilidad, «dado que non apreciamos indicios de delitos imputábeis» a ambos.
Citando una amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la propia Audiencia de Pontevedra en la que se abordan hechos similares, el magistrado reprocha a los denunciantes que «non é función da xurisdición penal substituír os remedios propios da xurisdición contencioso administrativa». En este punto, se reconoce que se ha puesto de manifiesto «unha mala xestión política que pode merecer reproches noutros ámbitos, pois o que non se pode negar é que non se cumpriu nin coa verificación precisa dos prazos de actuación para non atoparse nunha situación como a observada, nin co control necesario dos tempos administrativos».
En todo caso, remarca que el objetivo último que se buscó fue «soster a atención a un servizo básico». Esto es, en el 2012, «se requería dunha resposta que asegurara a prestación do servizo».
El PP ya ha anunciado que recurrirá el archivo de Elsamex, mientras el fiscal apuntó que tomará una decisión en cuanto estudie un auto, que al cierre de esta edición, aún no había recibido.