El fiscal archiva la ramificación de la operación Patos centrada en Ence

Alfredo López Penide
L. Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

Se investigaba la tramitación de una ayuda de fondos europeos

05 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Después de que un juez de instrucción pontevedrés hubiese sobreseído provisionalmente la causa separada de la operación Patos que salpicaba a miembros del ejecutivo local, ahora ha sido la Fiscalía la que ha archivado otra de las ramificaciones capitalinas de esta investigación policial. En concreto, la relativa a la concesión de una subvención europea a la empresa Ence.

Mientras esta causa no es previsible que vuelve a reabrirse, no ocurre lo mismo con la primera, ya que está pendiente del recurso interpuesto por el ministerio público ante la Audiencia Provincial. Además, el propio juez instructor instó a la policía a realizar nuevas diligencias que podrían desembocar en la revocación del sobreseimiento.

Según refiere el escrito del fiscal, la policía judicial certificó que Ence, para la realización de servicios externos en el proyecto objeto de la ayuda pública, contaba con la colaboración de una segunda empresa: «Por exigencia de las bases de la convocatoria de la subvención, solicitó otros presupuestos que debían ser inferiores a un determinado precio».

En este sentido, no se descarta que estos fuesen, «como señala el informe policial, de favor y no tuviesen propósito serio».

En cualquier caso, el proyecto subvencionado se ejecutó, de igual modo que la segunda empresa llevó a cabo los trabajos para los que fue contratada. Sentadas estas bases, la única duda que le entra al fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, es si tales labores podrían haber sido acometidas por otra firma a un coste inferior.

Y aún siendo así, concluye que nunca se estaría ante un delito de fraude en las subvenciones. La ayuda concedida a la pastera ascendía a 12.270 euros, una cifra muy alejada de los 120.000 euros que el Código Penal español establece para hablar de este delito cuando las ayudas proceden de las Administraciones públicas o, incluso, del límite de 50.000 euros en el caso de que las partidas económicas tengan su origen en fondos europeos.

La conclusión que extrae es determinante: «Con independencia de la valoración ética del hecho analizado, lo cierto es que no integra los elementos del tipo de fraude de subvenciones».

Al margen de estas dos investigaciones, la Fiscalía ya está analizando las dos restantes causas separadas de la Patos. La Xunta ha remitido los documentos relativos a unos trabajos en la delegación de la Consellería de Política Territorial, así como se investiga la concesión en el 2013 de tres obras a la firma Eiriña.