Patrimonio la mantiene desde el 2013 en su «plan de ventas de inmuebles del Estado»
13 may 2018 . Actualizado a las 19:04 h.La antigua sede de Hacienda en Pontevedra, un edificio noble que preside la plaza de A Ferrería, está en venta. La noticia, en realidad, no es nueva, ya que el Estado lo puso en el mercado en abril del 2013. Hace ya cinco años. Y ahí sigue, cerrado, sin futuro a la vista y, más que probablemente, deteriorándose cada día que pasa.
Al menos, eso es lo que se intuye, ya que no es posible visitar el interior. La Voz lo intentó esta misma semana, pero la petición cursada al Ministerio de Hacienda no obtuvo respuesta. Tampoco la pregunta de si en estos cinco años ha habido alguna propuesta en firme para hacerse con la titularidad del inmueble -aparte del intento del Concello y la Diputación, que quedó en nada- ni la cuestión planteada al Ministerio sobre qué planes hay para el histórico inmueble, que hasta el siglo XIX formó parte del convento de San Francisco.
El inmueble lleva sin uso prácticamente desde el año 2010, cuando la Agencia Tributaria ocupó un edificio de nueva planta en Campolongo, al lado de la sede de la Xunta. A partir de ese momento quedaron algunas oficinas en San Francisco, pero muy pronto se cerraron y la antigua sede quedó cerrada a cal y canto.
El 8 de abril del 2013 el Estado lo puso en venta como edificio de oficinas con una calificación urbanística de «dotacional pública» y una superficie construida de 5.697 metros cuadrados. Esos son los datos que recogía entonces la web de Patriemonio del Estado en su apartado de «plan de ventas de inmuebles del Estado»... y así sigue. El inmueble, por lo tanto, se mantiene con el cartel de «en venta».
Cuando el Estado optó por ponerlo en el mercado -el objetivo era «incrementar los ingresos públicos» con la venta de más de 400 inmuebles en toda España- la noticia no gustó nada en Pontevedra, aunque en el Concello se aceptó como un mal menor.
«Pegué un respingo»
Entonces eran tres los grupos que formaban la corporación. La reacción más curiosa fue la del responsable de Urbanismo del PP, el ya fallecido Ricardo Aguilar: «Como pontevedrés pegué un respingo cuando leí la noticia. Pensé: ‘empiezan a vender lo que no se debería vender nunca’».
En el gobierno local se aceptó la decisión ministerial con cierta resignación, aunque no sin cierta polémica -una más- entre los entonces socios, BNG y PSOE. Mientras el teniente de alcalde, el socialista Antón Louro, llegó a hablar abiertamente de que «non habería inconvinte» en estudiar una recalificación del inmueble en el caso de que llegara alguna oferta «dunha cadea hoteleira», el concejal de Infraestructuras, César Mosquera (BNG), discrepaba abiertamente al afirmar que no cabía tal recalificación y que el edificio es «moi emblemático como para tratar o seu futuro con esa alegría».
Poco después de que se incluyera el edificio en esa lista de inmuebles en venta, el Concello y la Diputación (entonces gobernada por el PP), unieron fuerzas para evitar que pasase a manos privadas. Lanzaron una propuesta al Ministerio para hacerse con su uso en régimen de cesión, e incluso se hablaba de posibles destinos: el ORAl, un centro de investigación, una biblioteca...
El alcalde acudió en mayo de aquel mismo año a una reunión en Madrid con el director general de Patrimonio del Estado, José Antonio Martínez Menéndez. Pero lo único que consiguió fue que el alto cargo ministerial reconociera «las dificultades para enajenar el inmueble, derivadas principalmente del alto coste de una hipotética restauración y de las dificultades administrativas para recalificar el uso del mismo». Se abría la puerta a una posible cesión que, cinco años después, sigue sin llegar. El edificio sigue cerrado. Y en venta.