Concluye una semana convulsa en torno al conflicto sobre el futuro de Ence, que vislumbra una entrevista con la ministra Teresa Ribera de resultado impredecible
14 mar 2021 . Actualizado a las 05:00 h.En mayo de 2001, después de cuatro meses muy duros de huelga en Transportes La Unión (empresa pretérita de lo que hoy es Monbus), el alcalde de Pontevedra se felicitaba de haber conseguido acercar posturas entre el sindicato CIG y el patrón, Raúl López para desembocar en una salida negociada. Se obtuvo mediante el arbitraje que realizó José Cuíña Crespo, a la sazón conselleiro de Política Territorial y mano derecha del presidente gallego, Manuel Fraga. El PP gobernaba la Xunta de Galicia.
Aquella fue la peor huelga que se ha vivido en Pontevedra en estos años. Afectó a miles de personas, ocasionó el despido de numerosos trabajadores y propició cuantiosas pérdidas económicas. Ese alcalde de Pontevedra era Miguel Fernández Lores. Su partido, el BNG, venía siendo durante cuatro meses, comparsa de una agresiva estrategia sindical en la que las pistolas de aire comprimido fueron uno de los “argumentos” que el sindicato dirigido por sus colegas de la UPG, Rafael Iglesias y Suso Seixo, empleó para forzar una salida negociada. Un desenlace consumado con aquel laudo que salió de una histórica reunión celebrada en el Hostal de los Reyes Católicos. Una reunión muñida por Pepe Cuíña y el propio Lores.
Otros escraches
Ese BNG también estuvo, unos años antes, detrás de las numerosas movilizaciones que la plataforma anti-empacadora de Vilaboa realizó entre 1997 y 1999. Se pretendía impedir la instalación de una planta de transferencia de residuos sólidos de Sogama «a las puertas de Pontevedra», como se decía entonces. Las protestas fueron muy diversas. Incluyeron lo que hoy llamaríamos escraches en las viviendas del alcalde de Vilaboa de entonces, Enrique Fernández Nogueira, del PP, así como de otros de sus concejales. O irrupciones en actos oficiales tanto de la Xunta de Galicia por ejemplo, aquel en el puente de Los Tirantes ante la estupefacción de Fraga- como en mítines electorales del PP. Toda aquella presión desembocó en la histórica manifestación del 5-J de 1998 que dinamitó la continuidad del centro-derecha en el gobierno municipal de Pontevedra y le abrió las puertas en 1999 al primero de los seis mandatos consecutivos que lleva desde entonces Lores.
He leído que algunos autores consideran que protestas como la de la empacadora o el barrio del Gamonal en Burgos, preludiaron movimientos como el del 15M del que luego nació Podemos. Hasta llevar a Pablo Iglesias a formar parte y ocupar asientos en el consejo de ministros.
«Enceborroka»
Me parece muy oportuno recordar estos precedentes ahora que el alcalde pontevedrés y su gabinete se rasgan las vestiduras por el escrache del pasado jueves. Lo que César Mosquera ha llamado «Enceborroka».
Conste como premisa: condeno el uso de la violencia como instrumento, elemento, siquiera acompañamiento, de reivindicaciones. Pero a continuación reclamo que todos tengamos en cuenta el pasado del que venimos. Seamos mínimamente coherentes y dejemos de «ponernos estupendos» en el sentido que escribió Valle Inclán. Lo vivido hace tres días en el Concello no es ni más ni menos de lo que años antes ocurrió y he recordado. Tampoco es justificable ni disculpable. Como tampoco lo era lo ocurrido con la reciente violencia callejera en Barcelona, a raíz de la condena al rapero Pablo Hasel que el BNG no condenó. Cómo tampoco la kaleborroka en Euskadi, vinculada a la izquierda abertzale. La de Arnaldo Otegi, con quien el BNG va del ganchete y comparte txikitos como hicieron, sin pudor alguno, dos concejales del gobierno municipal, Carme da Silva y Demetrio Gómez en un txoko de Azpeitia en 2017.
El elenco de trabajadores de Ence y satélites, entre auxiliares, operadores portuarios, transportistas y comunidades de montes, se están movilizando con diferentes estrategias. Una más dura, por parte de Comisiones Obreras. Le llaman «lucha combativa», según definición acuñada por José Luis García Pedrosa, principal dirigente de ese sindicato que ha estado detrás de las barricadas, cortes de tráfico, encierros y el escrache del jueves en la tercera planta de Michelena, 30.
Estrategia más calmada
La otra estrategia, más calmada, corre a cargo de los delegados de CIG y UGT, sindicatos que son correa de transmisión de BNG y PSOE. Aunque a diferencia de sus correlativos políticos, ambos sindicatos sí reclaman abiertamente la continuidad de la pastera en Lourizán. Pero los medios para reivindicar discrepan de los de CC.OO.
Al final, una y otra estrategia sindicales -que probablemente sean sufragadas por la empresa que así juega a susto o trato- confluirán en una mesa de negociación cuya suerte es impredecible. La ministra de Transición Ecológica aceptó una entrevista en próximos días que resultará esclarecedora. La propia pastera que viene negándose a sentarse, desde que Emilio Pérez Touriño siendo presidente de la Xunta en 2004 se lo propuso por primera vez, parece que ahora asume como inevitable que deberá acudir a una convocatoria.
La negociación entre las partes parece el único modo de encauzar el conflicto con cordura. Siempre a expensas de la tramitación parlamentaria de la Ley de Cambio Climático y a la espera del fallo judicial de la Audiencia Nacional a los recursos interpuestos contra la prórroga, de momento, vigente.