El futuro de la fábrica depende de la resolución de los magistrados
23 jun 2021 . Actualizado a las 21:16 h.El futuro de la fábrica de Ence en Lourizán depende de lo que decidan los magistrados de la Audiencia Nacional en Madrid. La sentencia no supondrá el final del proceso, porque cabrá recurso ante el Supremo, pero sí podría marcar una orientación de cómo será la resolución definitiva. Defensores y detractores de la pastera esperarán ahora la notificación de una sentencia que, sea cual sea, será polémica.
¿Por qué el futuro de Ence Pontevedra llegó a la Audiencia Nacional?
En el año 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó la Ley de Costas de 1988, dando la posibilidad de conceder prórrogas de las concesiones del dominio público marítimo terrestre. Al año siguiente, se aprobó el reglamento de la Ley de Costas, que reguló esas prórrogas, trámite al que se sumó Ence Pontevedra al encontrarse todos los terrenos de la factoría de Lourizán en esa calificación. El Gobierno de Rajoy tardó en resolver el expediente hasta enero del 2016 cuando se otorgó una prórroga de la concesión de Costas hasta el 2073. La decisión no gustó a los opositores de la fábrica, y Greenpeace, la APDR y el Concello de Pontevedra, que interpusieron recursos en la Audiencia Nacional contra la decisión de prolongar la vida de la fábrica en Lourizán. Los recursos se interpusieron en Madrid al tratarse de una ley estatal. Hoy está previsto que los magistrados se reúnan y voten el dictamen sobre estos recursos, unificados en un único procedimiento.
¿Qué actitud ha tomado el Estado?
El Gobierno de Pedro Sánchez modificó sustancialmente la postura del Estado en la cuestión de Ence y, de hecho, en todas las prórrogas de las concesiones de Costas en España. El cambio de criterio del Ejecutivo central se justificó en un informe de la Abogacía del Estado que consideraba que otorgar una prórroga de concesión en dominio público marítimo terrestre por 75 años, como es el caso de Ence, «no es conforme a derecho». De esta forma, el Gobierno central desistió de defender la prórroga y se allanó en el procedimiento. Por su parte, el intento de anular la prórroga a través de una modificación del reglamento de la Ley de Costas fracasó y, asimismo, la presión social y la política de pactos en Madrid, forzó a modificar el texto del proyecto de la Ley de Transición Ecológica, aprobada este año, dando seguridad jurídica a que no afectaría a la situación de Ence. De esta manera, todo depende ahora de la Audiencia Nacional. La ministra Teresa Ribero se comprometió a no recurrir la sentencia, en caso de que fuese favorable a las pretensiones de la fábrica.
¿En qué se basan los recursos contra la prórroga?
Los recursos interpuestos por Greenpeace, la APDR y el Concello consideran que la Ley de Patrimonio del Estado prohíbe que se puedan dar prórrogas a 75 años. De hecho, en una reciente rueda de prensa, el presidente de la APDR, Antón Masa, reclamó el cese inmediato de la actividad de Ence en Lourizán, argumentando que la concesión tendría que haber caducado en el 2018 como estaba previsto antes del cambio de la Ley de Costas y la prórroga del 2016.
¿Qué dice la empresa?
-Ence siempre ha defendido la legalidad de la prórroga de la concesión a 75 años otorgada en base a la Ley de Costas y su reglamento. La pastera, sin embargo, se ha quedado sola en los tribunales tras el allanamiento del Estado y la no competencia de la Xunta, que sí apoya su continuidad en Pontevedra, para poder personarse en la causa. Ence confía en que sus argumentos jurídicos puedan concluir una sentencia favorable a la continuidad.
¿Qué escenarios posibles podrían darse en la Audiencia Nacional?
-Hay tres posibilidades. Por un lado, que la Audiencia Nacional falle a favor de la empresa y ratifique la legalidad de la concesión a 75 años del 2016. En ese caso, Ence podrá continuar en Pontevedra hasta el 2073. En segundo lugar, cabe la posibilidad de que se anule la concesión por completo, lo que implicaría el cierre de la actividad en Lourizán. En tercer lugar, la Audiencia Nacional podría determinar que Ence tiene derecho a una concesión, pero no por 75 años como la otorgada en el 2016, sino de un máximo de 75 años sumando la concesión original más la prórroga, lo que limitaría la continuidad de la pastera hasta el 2033.
¿Será firme la sentencia de la Audiencia Nacional?
-No. Solo lo sería en caso de que la parte perdedora no recurriese. En este sentido, tanto la compañía como sus detractores manifestaron su intención de recurrir una resolución desfavorable a sus pretensiones, por lo que el procedimiento seguirá en el Supremo. Es posible que incluso se llegue, en su momento, hasta los tribunales europeos.
¿Qué está en juego?
La empresa señala que está en juego no solo la continuidad de la fábrica, con su producción de pasta de papel, un producto que se demostró esencial durante la pandemia para la fabricación de material sanitario, por ejemplo, sino también los puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a la fábrica. En base a un informe sobre el impacto en el sector forestal y del transporte, Ence y las asociaciones forestales y de transformación de la madera de Galicia sostienen que están en el aire los ingresos de 5.000 familias del sector forestal, más los de la plantilla -en torno a 500 trabajadores entre la fábrica y las oficinas centrales-, los transportistas y hasta el 25 % del tráfico del puerto de Marín. Por su parte, sus críticos inciden en que Ence es un obstáculo para la recuperación de la fachada marítima de Pontevedra y para la salud de la ría en general, aunque en los tribunales solo se profundiza en la cuestión jurídica. La Xunta, partidaria de su continuidad en Pontevedra, siempre ha declarado que a Ence se la somete a rigurosos controles sanitarios y ambientales y la empresa señaló que la semana pasada, por ejemplo, Aenor le renovó el certificado de gestión ambiental.
¿Se han producido declaraciones de la Xunta hoy sobre Ence?
Sí, el conselleiro de Industria, Francisco Conde, pidió al Gobierno de Sánchez que cambie su postura crítica con Ence y que respalde la continuidad de la fábrica. Conde indicó: «Lamentablemente Ence está nunha situación de inestabilidade neste momento propiciada por unha decisión do Goberno, que está trasladando unha incerteza, e unha inserguridade. Temos unha situación na que o Goberno xerou un problema». Conde indicó que ahora «temos que esperar a decisión da Audiencia Nacional e temos que ver cal pode ser o futuro». El titular de Industria añadió que «o que esperamos é que o Goberno poida dar unha solución concreta á situación de Ence e que polo tanto se poida manter a ubicación actual». Para Conde, «o Goberno ten que dar alternativa ou solución» e insistió en el impacto negativo que tendría el cierre de Ence en el sector forestal gallego.
¿Habló hoy el Concello de Pontevedra?
-Sí. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, reiteró esta mañana la «posición histórica desde que eu presido este Concello que é loitar por todas as vías posibles para recuperar a ría de Pontevedra. Ese é o noso enfoque nos imos a seguir loitando independentemente desta sentencia ou outras». Lores entiende que la prórroga concedida a la pastera en el 2016 fue «ilegal» y recalcó que por ese motivo el Concello alegó ante la Audiencia Nacional. Asimismo, reprochó al PP y a la Xunta su defensa de la continuidad de la factoría de Lourizán. Considera el regidor pontevedrés que la actitud de los populares es «un agravio comparativo para todos os empresarios e empresas que teñen que buscarse a vida e ubicar as súas industrias en terreos feitos ao efecto para poder desarrollar unha actividad económica». Lores cree que la responsabilidad de «estar onde estamos» en el conflicto de Ence se debe a la inacción del PP: «A Xunta non fixo nada para buscar alternativas para a ubicación» de Ence en Galicia. El alcalde de Pontevedra, que insistió en que no quiere la fábrica en la ría y pidió que se vaya ya, afeó a Santiago que no ejerciese en todos estos años su «competencias exclusivas en industria e ordenación do territorio e creación de polígonos» para resolver la situación de la pastera. Lores incidió, a preguntas de la prensa, que la fábrica tiene que trasladarse, garantizar los puestos de trabajo y que, en ese contexto, «un período transitorio se hai vontade de trasladar, iso non me parece mal», como fórmula para proteger los puestos de trabajo. No obstante, el regidor recalcó una y otra vez que Ence tuvo tiempo más que suficiente para buscar una alternativa de ubicación en todos estos años y no lo hizo, cometido que tampoco cumplió la Xunta y que ahora le exige desde el Concello una vez más.
El teniente de alcalde y portavoz del PSOE, Tino Fernández, también se pronunció esta mañana sobre la polémica de Ence. Fernández manifestó su deseo de que los maigstrados «soporten as presións do Ibex 32 que nos constan que existen» y que la resolución de los madrigados sea «favorable aos intereses dos veciños de Pontevedra no sentido de establecer xa un camiño de saída para Ence fóra da nosa ría». Fernández también aseveró que la única solución viable al conflicto de Ence es que la empresa «busque unha alternativa de reubicación dentro da comarca de Pontevedra a través da mesa de negociación que nós estamos propoñendo desde o PSOE». Además, el líder socialista pontevedrés reclamó más atención por parte del Administración autonómica. Exigió que «se implique moito máis a Xunta de Galicia como responsable competente en materias como é a reubicación ou o medio ambiente para propoñer xuntamente coa empresa aquelas ubicacións que permitan un traslado».