El fallo de la Audiencia Nacional, aunque recurrible, complica una solución política en una mesa de diálogo tan necesaria como improbable
18 jul 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Casual (o no), el fallo de la Audiencia Nacional que pone contra las cuerdas, jurídicamente hablando, la permanencia de Ence en el asentamiento de Lourizán, se difundió seis horas antes de que partiera la manifestación convocada por los comités de empresa y auxiliares a favor de la continuidad de la pastera.
El cambio de escenario que propició el fallo del tribunal, fue rotundo. Pesó en el ambiente. Aunque el viernes tarde, los manifestantes partidarios de que Ence siga en Lourizán fueron tantos (¿o más?) como cuantos habían marchado catorce días demandando el cierre, la batalla por el respaldo social en la calle ha pasado a ser secundaria ante la judicialización del asunto.
Presiones y recursos
La votación que resolvió el fallo de los magistrados tuvo que ser apretada, pues celebraron varias deliberaciones. Curiosamente hubo quien, como el teniente de alcalde y portavoz del PSOE, Tino Fernández, sospechó que tal retraso respondía «a las presiones del IBEX 35 sobre el tribunal que nos constan que existen». Unas manifestaciones más propias de quien necesita profesar la fe del converso.
La sentencia de la Audiencia Nacional aún no es definitiva pues cabe recurso de casación y el pleito que, sin duda, Ence alargará cuanto pueda, se va a prolongar un par de años, como mínimo. Mientras, una solución política y dialogada de este asunto se ha vuelto más necesaria que nunca. Pero también más improbable. Por medio, habrá elecciones generales y también municipales. Cualquier cambio político nacional y local, podría introducir variaciones en el enfoque que actualmente tiene el asunto. Especialmente por el PSOE y desde el Gobierno de la nación. Si en 2023, el PP lograse volver a La Moncloa, cabe sospechar que -al menos políticamente hablando- podría intentar dar vuelta a la tortilla.
Compromiso de Sánchez
La clave fue el día que el PSOE viró el rumbo de su discurso sobre Ence. En ese momento comenzó a cambiar la suerte de la empresa pastera. La llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, necesitando de múltiples pactos, entre ellos con Unidas-Podemos y el BNG, implicó compromisos. Uno de ellos presuponía derribar la prórroga que su antecesor, Mariano Rajoy acordó darle a la celulosa para prolongar su permanencia hasta 2073. Una decisión que propició la anécdota histórica de que el político pontevedrés fuese declarado persona non grata en su ciudad.
Lo sustancial fue si el acuerdo del consejo de ministros era rebatible políticamente o por otra vía, que finalmente resultó ser la judicial. El instrumento, los recursos que el gobierno municipal de Pontevedra y Greenpeace instaron pidiendo la revocación de esa prórroga. Cuando Sánchez decide que la Abogacía del Estado se allane en ese pleito, es decir que el Gobierno de España deje de defender la legalidad de un acuerdo propio, la suerte de este pleito se tuerce en contra de la pastera.
Con estos mimbres, más la nueva Ley del Cambio Climático que todavía complica más cualquier hipotética solución de traslado, precisamente el PSOE pontevedrés y los delegados sindicales de Ence reclaman ya la mesa de diálogo que auspició la ministra Teresa Ribera y de la que nunca más se ha sabido. Más de 5.000 empleos junto con las economías de miles de familias y comunidades de montes de Galicia; en suma, el 28% del PIB de Pontevedra, necesitan de una solución de continuidad. Esta ciudad, el puerto de Marín y el tejido laboral y comercial de la comarca no se pueden permitir una estocada mortal como la que se presupone. Este asunto no se puede juzgar con la cortedad de miras de un funcionario público acomodado o de un político profesionalizado con más de 20 años de antigüedad.
Sanxenxo es mucho Sanxenxo
El clamor de protestas de la hostelería ha conseguido, por fin, la complicidad de alcaldes y alcaldesas de los concellos en restricciones. Y surte efecto, muy lentamente, en la Xunta. Parece que el gobierno gallego valora reconsiderar los criterios de toma de decisiones en esta materia. En teoría, según dejó entrever el conselleiro de Sanidade. Aunque las restricciones que entraron en vigor ayer sábado todavía mantienen la injusta penalización con recortes de aforos. Más dolorosa si cabe en plena temporada alta en las Rías Baixas.
Precisamente esa circunstancia temporal fue empleada por el alcalde Telmo Martín ante la Xunta para obtener que las últimas restricciones decretadas, sean esquivadas por la hostelería de Sanxenxo. Pese a que la tasa de incidencia en la villa turística sea tan o más alta que en otros concellos del área.
¿Agravio comparativo? Sí, por supuesto, para mayor cabreo de otros municipios. Y mérito de Telmo Martín quien se revolvió para impedir un cerrojazo mayor. No obstante, la solución debe ser equilibrada e igual para todos los concellos. Nunca basada en colores políticos.
El modelo de restricciones empleado hasta ahora por la Xunta está superado, tal y como acredita esta quinta ola. El nicho de contagios es la juventud con su ocio y su movilidad. Por más bares, restaurantes o pubs que cierren, no se logra atajar los contagios.
La solución de que los clientes acrediten que están inmunizados con certificado de vacunación, PCR o test de antígenos, de aplicación a partir del martes para el ocio nocturno, es lo que ya reclama por extensión el resto del sector. Siempre será menos malo para empresarios y trabajadores hacer ese control cuasi policial, que soportar el vaivén de aforos permitidos que impide una gestión estable de los negocios.