El hallazgo de pruebas traspapeladas del crimen de Deborah Fernández nos recuerda que la desaparición de Sonia Iglesias lleva doce años atascada sin esclarecerse
18 sep 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El hallazgo de pruebas traspapeladas del crimen de la viguesa Deborah Fernández que estaban «perdidas» en dependencias de la Policía Nacional en Madrid, según hemos conocido esta semana, nos recoloca ante las consecuencias de los errores policiales en investigaciones tan sensibles como la de este crimen u otros similares. Más enojosos si cabe cuando hablamos de que esas pruebas despistadas en Madrid, estaban en dependencias de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia (UDEV) que es, pretendidamente, una de las secciones estrella de las fuerzas de seguridad en nuestro país.
No se trataba de pruebas de escasa importancia. Entre las halladas con motivo de unas obras en esa sede policial, estaba el móvil de Deborah Fernández, aunque sin la tarjeta SIM, vídeos, fotos y legajos con declaraciones y pesquisas policiales. La familia de la joven viguesa, asesinada cuando solo contaba 22 años, se sube por las paredes de indignación ante lo que viene a reconfirmar que las investigaciones oficiales llevadas a cabo en las dos últimas décadas, han estado plagadas de errores garrafales. No me extraña que Rosa Fernández, hermana de Deborah y portavoz de la familia, afirme sentir «vergüenza por el sistema de justicia que tenemos» lamentando el papel de los investigadores policiales de los que subraya «fueron tan incompetentes llegando al colmo de no saber siquiera donde guardaban las pruebas de un caso de esta gravedad y las presentan 20 años más tarde, con todo su cuajo, cuando la mayor parte de la causa está prescrita», según escribió en redes sociales.
Las últimas novedades ratifican el acierto de la familia de Deborah que ha peleado durante todos estos años, con un tesón admirable, presionando para que el caso no se archivase, lo que han logrado in extremis y condicionado a lo que deparen las diferentes pesquisas aún en curso.
Doce años sin Sonia
Como es obvio viendo el asunto desde una perspectiva pontevedresa, salta automáticamente el caso de Sonia Iglesias, cuya desaparición y muerte no han sido esclarecidos después de doce años, en lo que constituye otro baldón para la propia Policía Nacional, así como para la Fiscalía de Pontevedra y para los jueces y juezas que han entendido del asunto desde aquel 18 de agosto de 2010.
La comparación entre ambos crímenes es posible en cuanto a la incapacidad de llegar a esclarecerlos después de años y años de ineficacia de las respectivas investigaciones. Aunque con matices. A diferencia de lo ocurrido con Deborah cuyo cuerpo apareció a los diez días, de Sonia no hay ni rastro 4.400 días después de su desaparición, lo que entrañó un grado de dificultad mayor para las pesquisas que persiguen solventar lo ocurrido con la pontevedresa.
Es sobradamente conocida la máxima que considera que sin cadáver no hay crimen, aunque ciertos casos desmienten ese aserto. En España, entre otros, el crimen de Marta del Castillo confirma que en nuestro ordenamiento jurídico no es imprescindible para la condena por homicidio que haya aparecido el cadáver pues a Miguel Carcaño se le condenó y sigue en prisión, aunque el cuerpo no aparece para desesperación de la familia de la joven sevillana.
Muchos fallos
En el historial de la investigación del caso Sonia Iglesias recordamos diferentes tentativas que fueron fracasando. Como el registro con geo-radar de una antigua vivienda familiar de los Araújo en San Mauro o de un pozo en Marcón. Alguna otra no pasó de ser una fabulación que no llegó a materializarse como cuando se planteaba inspeccionar el panteón familiar de los Araújo en el cementerio de San Mauro. La última de esa secuencia de fallidos fue la propuesta de haber sometido al principal sospechoso a una especie de test de la verdad mediante una prueba neurosicológica que tampoco prosperó cuando la Fiscalía intentaba evitar el archivo de la causa que se decretó en 2018.
Todos estos fracasos evidencian que la Comisaría de Pontevedra ha carecido de una investigación bien tramada desde el minuto uno del caso. Si echamos la vista atrás, hace doce años, cuando ocurren los hechos, se perdieron horas preciosas bajo la estúpida creencia de que Sonia se habría marchado por voluntad propia, por una nueva relación amorosa con un empresario venezolano. Craso error policial que ignoró en un primer momento que Sonia y Julio estaban en la antesala de una separación como pareja.
El secreto de Araújo
En septiembre de 2020, hace ya dos años, falleció a consecuencia de un cáncer de pulmón, Julio Araújo, esposo de Sonia Iglesias y principal sospechoso para la Policía de la desaparición y muerte de la pontevedresa. Muchos consideramos que, con él, se fue a la tumba el secreto de lo que ocurrió aquel 18 de agosto de 2010.
Desearía que no fuera así, pero me remito a la ausencia de noticias desde hace 24 meses. Me temo que la mala investigación policial que siempre hubo en torno a este caso, se haya atascado definitivamente sin el principal sospechoso vivo. Si en diez años, la Comisaría y la Fiscalía de Pontevedra han sido incapaces de encontrar la senda buena que les llevase a desentrañar lo ocurrido, ¿qué esperanza cabe tener desde que en 2020 Julio Araújo ha salido definitivamente de escena? Al menos nos queda agarrarnos a que hasta 2030, el crimen no prescribirá.