Hundir la flota

PONTEVEDRA

CAPOTILLO

El veto de la UE a la pesca de fondo amenaza a puertos como Marín con un previsible impacto laboral y económico que puede ser el tiro de gracia para el sector

03 oct 2022 . Actualizado a las 07:59 h.

Marín, como otros puertos del norte de España, se ha sumado a la demanda suscrita por el sector pesquero, los sindicatos, las instituciones (en nuestro caso, la Xunta de Galicia) y la sociedad civil para exigir que la Unión Europea revise la decisión de imponer 87 áreas de veda a la pesca de fondo que, entrará en vigor, si nada lo impide, el próximo 9 de octubre.

Asturias, Cantabria y Euskadi han constituido junto a Galicia un frente común contra una decisión del comisario de Pesca de la Unión Europea que consideran «caprichosa y carente del necesario fundamento en razones científicas frente al daño socioeconómico que causará».

Otros puertos principales de Galicia como Vigo, Vilagarcía, Ribeira o Burela se han sumado también a la demanda que, además de exigir la revisión de la decisión del comisario de Pesca, el lituano Virginius Sinkevicius, propone que la Unión Europea aplique una moratoria de dos meses. Una demora que, normalmente, es poco esperable que la Unión Europea vaya a aceptar salvo que la presión diplomática fuera tan extendida por varios países miembros como muy fuerte en las formas.

Problema de subsistencia

No estamos solo ante un problema gravísimo de subsistencia de buena parte de la flota de altura de Marín, sino también para otras que tienen su base a lo largo del norte de España —Avilés, Gijón, Santander, Pasajes o Bilbao— lo que otorga al asunto una magnitud de «problema de Estado». Aparentemente el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, está muy sensibilizado y ha asegurado que el Gobierno de España empleará todos los recursos a su alcance para impedir la aplicación de tales vedas que perjudicarían a las flotas de arrastre y otras artes pesqueras de fondo que alcanzan incluso al palangre. El Gobierno de España plantea una solicitud de moratoria —bastante improbable— y la presentación de un recurso jurídico ante la Corte Europea a fin de paralizar la aplicación de las vedas.

Solo en el caso de la ría de Pontevedra, la directiva comunitaria pone en jaque la continuidad de catorce barcos de Marín afectados de modo directo. Sin embargo, el impacto llegaría hasta los 25 pesqueros, contando aquellos buques marinenses que actualmente operan bajo pabellón extranjero y operan en las aguas en cuestión, ya sean portugueses, franceses e ingleses.

La petición cautelar no es caprichosa, sino que responde a un criterio de oportunidad coyuntural. Marín persigue que la veda se posponga, al menos hasta después de las Navidades, cuando los precios del pescado suben y permiten obtener mayores ganancias. Hay que pensar que la aplicación de las vedas propuestas por el comisario europeo, reducirían las opciones que tienen nuestros barcos de capturar en esas áreas de pesca concretas, traer a puerto y subastar especies como la merluza del pincho, el rape, la caballa, el jurelo, el gallo o la bacaladilla.

Voces autorizadas del sector pesquero como Juan Carlos Martín, ex secretario general de Pesca Marítima, hoy en día gerente de la asociación de armadores de Marín, han advertido sobre la fragilidad argumental de la decisión de comisario Sinkevicius. Martín Fragueiro fue quien previno que las decisiones de la Unión Europea se han tomado sobre análisis de 2010 (con doce años de retraso), sin contrastar cuál es la afectación de cada una de las artes pesqueras ni evaluar el impacto económico de cada restricción.

Villa de Pitanxo: otro vaivén

En Marín hubo esta semana, otro terremoto informativo. Cuando ya parecía garantizado que la Audiencia Nacional, y en concreto el magistrado Ismael Moreno, llevaba la instrucción del sumario por el naufragio del Villa de Pitanxo, la Fiscalía ha introducido un motivo de zozobra para las familias de las víctimas. Lo hizo a través de un recurso de apelación que cuestiona que sea la Audiencia Nacional quien investigue y juzgue este suceso y las responsabilidades que se puedan deducir. El ministerio público plantea que la instrucción debería corresponder a un juzgado de Vigo (ya ni siquiera de Marín, como argumentó en otro momento), en base a que fue el puerto de O Berbés el último donde tocó tierra el Villa de Pitanxo antes de hundirse en Terranova, el pasado 15 de febrero.

Por cierto: no es un detalle leve sino crucial, a mi juicio, que el fiscal de la Audiencia Nacional que formula la apelación sea Marcelo Azcárraga para quien la provincia de Pontevedra no es desconocida, pues aquí residió y ejerció durante más de un lustro. Primero como fiscal asignado a Vilagarcía, donde trabajó codo con codo con el juez José Antonio Vázquez Taín. Y a continuación en la Audiencia de Pontevedra donde asumió hasta el 2010 la fiscalía especial antidroga, con protagonismo en una serie de redadas y operativos. Durante todo ese tiempo, tuvo sobrada oportunidad de conocer la idiosincrasia provincial. Por tanto, de informarse y comprender cómo somos.

Si bien estamos ante un contencioso técnico de interpretaciones jurídicas, sin embargo, la sensibilidad hacia las familias de las víctimas y sus demandas, debería tener una consideración principal que parece haberse desdeñado. El recurso de la Fiscalía, planteado por Azcárraga, se basa en la ley de justicia universal que determina que lo que ocurra en barcos y aviones españoles es competencia de tribunales españoles, sin distinciones, aplicando como criterio de adjudicación, cuál sería el puerto de arribada (en este caso habría sido Vigo).

Frente a esa interpretación, el magistrado Ismael Moreno reclama para la Audiencia Nacional la competencia de investigar el naufragio porque acaeció fuera del territorio nacional. Y añade el principio de ubicuidad, en virtud del cual se atribuye la competencia de investigar el suceso al órgano judicial que tuvo el primer conocimiento de la causa. En su caso, la Audiencia Nacional a raíz de la querella presentada por las familias de las 21 víctimas.