Intereses cruzados entre el Ministerio de Transportes y la Audiencia Nacional complican la suerte de la investigación en el pecio del Villa de Pitanxo
21 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Después de quince meses de exigir que se investigue el pecio del Villa de Pitanxo, las familias de las víctimas del naufragio manifiestan estar indignadas ante las formas con las que el Gobierno de España ha decidido enviar, casi a hurtadillas, al buque que realizará tal investigación en aguas de Terranova. Sin la correspondiente autorización judicial que debería acompasarse con la del Gobierno para cumplir con todas las garantías.
El Ártabro ha zarpado sin el aval del juez instructor de la causa que sigue la Audiencia Nacional para determinar si se produjeron 21 homicidios por imprudencia y otros posibles delitos de los que se acusa al capitán del pesquero y a la casa armadora. Por tanto, lo que debería ser motivo de consuelo y hasta cierta esperanza para los allegados, se ha convertido en una nueva herida más en su largo e incompleto duelo. En suma, un nuevo palo psicológico que reciben las familias, que interpretan lo que acaba de ocurrir como una nueva señal de desdén de cargos públicos de la Administración central para con ellos y su causa.
Un disparate
Me pregunto: ¿Dónde quedan la sensibilidad y solidaridad expresadas en los abrazos del presidente Pedro Sánchez y demás autoridades en los momentos inmediatamente posteriores a aquel fatídico 15 de febrero del 2022? ¿Cómo se pueden hacer las cosas tan rematadamente mal después de estar esperando tanto tiempo para que se cumpliera el compromiso adquirido con viudas e hijos de los marineros desaparecidos?
Habrá entre ustedes lectores quienes puedan pensar que la reacción de las familias es un contrasentido. Pues no. Si se detienen en los detalles, se darán cuenta de que, cómo denuncian los deudos de los tripulantes del Villa de Pitanxo, estamos ante una de esas situaciones disparatadas que se dan en nuestro país por falta de colaboración entre los poderes ejecutivo y judicial. Para colmo en un caso que, por su dramatismo, debería llevarse con una diligencia y sensibilidad que lamentablemente brillan por su ausencia. En su lugar, asistimos estupefactos a una colisión de intereses que, llegados a este punto, más parece una batalla de hormonas entre una ministra del Gobierno y un juez de la Audiencia Nacional.
En lugar de una cooperación sincera entre Administraciones, tenemos un conflicto de competencias que resulta un disparate, de apariencia grosera, y que ya veremos qué consecuencias acarrea. Las familias alucinan especialmente por el papelón del Gobierno central, que parece distraído de lo que debería ser su única y exclusiva preocupación: ayudar a esclarecer responsabilidades en el peor naufragio de un pesquero español en las últimas cuatro décadas.
A espaldas del juez
Así que el buque Ártabro, contratado por el Ministerio de Transportes en una licitación de 3 millones de euros que ganó ACSM Shipping, con razón social en Vigo, zarpó desde los muelles de O Berbés en la tarde del festivo 17, Día das Letras. A espaldas de la autoridad judicial. Pese a ser el juez Ismael Moreno, instructor de la causa que se sigue por la Audiencia Nacional, quien ha instado con más insistencia al Gobierno para que asumiese la demanda de las familias. Pese a que ha sido este magistrado quien ha reiterado la necesidad de esa prospección en el lugar del hundimiento con el fin de esclarecer responsabilidades y circunstancias en las que el mar de Terranova se tragó al arrastrero congelador de Pesquerías Nores.
Sin embargo, el Ministerio de Transportes ha llevado el asunto de modo “clandestino”, no informando al titular del Juzgado Central número 2 sobre el procedimiento de licitación de la operación y menos aún de cuándo se disponía a zarpar la misión. El Mitma ha actuado con unas llamativas prisas en plena campaña electoral, frente a las dilaciones de antaño. Las familias se acuerdan de las «largas» que les dio José Miñones mientras fue delegado del Gobierno en Galicia. Seguramente ahí meritó para el nombramiento como ministro de Sanidad…
Ahora, para colmo, la ministra del ramo, Raquel Sánchez, preguntada el jueves en Ferrol sobre quién dio la orden de zarpar, tuvo el cuajo de decir que la Ciaim «tiene independencia funcional» para excusarse de responsabilidad alguna en la decisión. A efectos de inventario: la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos es un órgano colegiado del Ministerio de Transportes cuyo presidente actual, Jesús Panadero, fue nombrado en el 2015 por el Gobierno de turno, siendo ministra Ana Pastor. O sea que la pretendida independencia funcional es una filfa.
Peritaje en entredicho
La misión del Ártabro apenas durará cuatro semanas de las que solo dos serán útiles a efectos de la prospección submarina, pues las restantes se necesitan para la ida a Terranova y vuelta a Vigo. Solo habrá 15 días para un rastreo intensivo en la zona del naufragio, con unas condiciones de mar complicadas, esperando localizar el pecio y descender un sumergible que tome imágenes que contribuyan al esclarecimiento del caso. A bordo van tres peritos —dos menos de los que aguardaba embarcar el juez instructor—, otro motivo más de conflicto con el ministerio. Si el juez no valida las pruebas, se habrán perdido, tiempo, dinero y esperanzas.
Ojalá que la misión sea exitosa, pero tiene pinta de que llega tarde, mal y a rastras, condenada al fracaso. Sería tristísimo.