Acuerdo unánime para crear una vivienda para mujeres maltratadas en Pontevedra
PONTEVEDRA
El Concello habilitará el piso y pedirá financiación a Xunta y Diputación
25 sep 2023 . Actualizado a las 21:38 h.Del pleno celebrado este lunes en Pontevedra hay que quedarse con lo positivo: al fin, las tres fuerzas políticas reman todas a una en la lucha contra violencia machista y las agresiones sexuales. No siempre sucedió en los últimos tiempos, por lo que la mejor noticia de la sesión fue la unanimidad que suscitaron dos asuntos: la creación de una vivienda de acogida para mujeres víctimas de maltrato y el impulso desde el Concello a la implantación de un protocolo de actuación ante las agresiones sexuales en espacios de ocio nocturno.
Y sí, hubo unanimidad, aunque con algún matiz. El PP, que defendía la moción sobre la vivienda de acogida, coqueteó con no aceptar una enmienda propuesta por el PSOE porque esta incluía a la Diputación como entidad a cofinanciar la iniciativa con el Concello y la Xunta. La concejala Silvia Junco (PP) llegó a anunciar que no aceptaban la enmienda socialista, aunque finalmente reculó y se salvó el acuerdo unánime.
Por lo tanto, el Concello pondrá a disposición de la Xunta una vivienda de titularidad municipal para que se integre en la Rede Galega de Acollemento para Vítimas da Violencia de Xénero. Y lo hará, subrayó la concejala de Igualdade, Anabel Gulías (BNG), demandando que se garantice un servicio «universal e público». Este matiz no es baladí, porque de las siete viviendas que hay en la actualidad en Galicia adheridas a dicha red, solo dos las gestiona la Xunta; el resto, entidades privadas.
Sobre la financiación, Paloma Castro (PSOE) recordó que en A Coruña la Xunta aporta 49.950 eros anuales para mantener esta vivienda de acogida y la Diputación, 120.000 euros; mientras que en Lugo la aportación de la Xunta es similar pero la Diputación no pone nada y es el Concello el que carga con el resto del coste. De ahí que los socialistas pretenden que la institución provincial pontevedresa también colabore. Cosa, recordó Junco, que no sucede con la vivienda de acogida de Vigo, para cuya gestión el organismo provincial no aporta ni un euro. En cualquier caso, la concejala del PP ironizó con la decisión del PSOE de introducir a la Diputación en la ecuación pontevedresa, algo que no hizo, recordó, cuando una moción similar se trató en el pleno en el 2019 y entonces el PSOE, que gobernaba la Diputación, la reconvirtió para exigir a la Xunta, y solo a la Xunta, la apertura de una vivienda de acogida para mujeres maltratadas en la ciudad.
Instalaciones deportivas
También suscitó unanimidad otra moción del PP sobre la puesta en marcha de un plan de mantenimiento de instalaciones y equipamientos deportivos. El concejal Guille Juncal hizo un repaso a la situación actual y a algunas deficiencias puntuales detectadas —una visión algo «apocalíptica», le reprochó Gulías, responsable de Deportes—, y aseguró que este plan «aforrará cartos ao Concello», una afirmación que provocó el escepticismo del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG): «Iso non se lo cree vostede nin ás seis da mañá». Pese a todo, el BNG y el PSOE apoyaron la propuesta del PP. Juncal replicó dando «un voto de confianza» a la gestión de Anabel Gulías en el área.
Donde no hubo unanimidad fue con la moción del PP contra la tramitación de una ley de amnistía. «Es una moción necesaria para la dignidad de España», enfatizó Pepa Pardo (PP). BNG y PSOE votaron en contra.
Aprobada la Conta Xeral con el voto en contra del PP
El pleno aprobó, con el voto en contra del PP, la Conta Xeral del Concello correspondiente al 2022, un documento técnico que recoge el estado financiero del municipio al cierre del ejercicio. Gerardo Pérez Puga (PP) justificó el rechazo de su grupo en el escaso nivel de ejecución de las inversiones (29 %), con 27 millones sin ejecutar, y 15 «para los que ni siquiera se inició expediente de gasto». También cuestionó que los recibos de la basura y del agua son demasiado elevados para el servicio que se presta. El concejal de Facenda, Raimundo González (BNG), le recriminó que confunda la liquidación del Presupuesto con la Conta Xeral, «na que non hai intervención política».
La relación del gobierno con los sindicatos sigue haciendo aguas
El Concello de Pontevedra creará una oficina específica para gestionar los proyectos relacionados con fondos europeos y pondrá al frente de la misma a una persona que designará el gobierno local y formará parte del personal eventual, con la categoría de director xeral. El pleno abordó la modificación del cuadro de personal en el que se incluye esta circunstancia, que generó duros reproches del portavoz del PSOE, Iván Puentes, a la concejala de Personal, Eva Vilaverde (PSOE). «Non parece lóxico que un asesor do BNG vaia ser responsable da xestión, tramitación e supervisión dos fondos», criticó el socialista.
Pero la modificación del cuadro de personal va mucho más allá de la creación de esta oficina. Vilaverde señaló que permitirá la transformación de plazas de subalternos en los colegios y de bomberos en bomberos-conductores, que se habilitan plazas de oficial en la Policía local, que se crea un puesto de técnico superior en informática o se convierten plazas de técnico en técnicos medios. Todos estos cambios, aseguró la concejala nacionalista, tienen como objetivo «abordar necesidades dos servizos» y «mellorar a eficiencia».
Eva Vilaverde insistió en que «estamos nun tempo novo» en el que prima el «diálogo» y se quiere reconducir la relación con la junta de personal. Pero mal empieza, pues Iván Puentes recordó que el acuerdo que fue a pleno fue rechazado por todos los sindicatos en la mesa de negociación.
A golpe de sentencia
Pepa Pardo (PP) también reprochó la gestión de Eva Vilaverde, subrayó que el gobierno local se mueve en materia de personal a golpe de cumplimiento de sentencias «porque no dejan otra opción a los trabajadores que acudir a los tribunales» y lamentó que siga vigente la «total incompatibilidad» que pesa sobre los policías locales de Pontevedra.
Pese a los reproches, PP y PSOE facilitaron su abstención la aprobación de la modificación del cuadro de personal.
El «papelón» del PP con el local del Ateneo
La «expulsión» del Ateneo Pontevedra del local que tenía en el edificio de la Xunta de Benito Corbal también se abordó en el pleno de este lunes. El concejal socialista Manuel Fariña defendió una moción para que la Xunta reconsidere la decisión que dejó a la asociación cultural sin espacio en el citado edificio público.
El PP jugó todo un papelón en el pleno por no afearle la decisión a la Xunta. Empezando por el portavoz, Rafa Domínguez, que no abrió la boca en el pleno municipal pese a que la semana pasada ensalzó, en su papel de vicepresidente de la Diputación, la labor cultural del Ateneo y le ofreció espacios en el Museo para desarrollar su labor.
Pero el papel más complicado fue el que desempeñó la concejala Aroa Otero (PP), que empezó diciendo que al Ateneo «no se le expulsó» sino que «se le puso en una lista de espera» y llegó a afirmar que los responsables del Ateneo «tal vez hicieron una mala lectura de las bases de la convocatoria» y por eso perdieron el local que tenían en Benito Corbal. Además, asumió la representación de la Xunta al asegurar que «no vamos a cambiar de opinión ni a prevaricar» para darle un local al Ateneo.
Cuando Fariña y Demetrio Gómez (BNG) le reprocharon que hubiera deslizado que los responsables del Ateneo no saben leer, la concejala del PP la lio todavía más y se ofreció a «ayudarles con la memoria cuando se lleve a cabo una nueva convocatoria», lo cual no hizo sino encender aún más los ánimos del resto de grupos y de integrantes de la directiva del Ateneo presentes en el pleno.