Más de un siglo de cárcel para los narcos que usaban lenguaje taurino para despistar a la Policía Nacional
PONTEVEDRA
Los acusados estudiaron el puerto de Marín como posible entrada para introducir la droga
12 mar 2024 . Actualizado a las 13:14 h.«Plaza de toros» para aludir al lugar de desembarque de la droga o «tres corridas» para referirse a las tres organizaciones receptoras de los estupefacientes. La Audiencia Nacional acaba de confirmar las penas impuestas en su día a diez acusados —otros dos resultaron absueltos— que llegaron a emplear un lenguaje taurino para enmascarar los alijos de droga y despistar a los investigadores de la Policía Nacional que les seguían los pasos.
De este modo, y aunque la sentencia no es firme, esta ratifica que las penas impuestas al entramado suman más de cien años de privación de libertad. El considerado como responsable de la rama colombiana en España sumó la mayor de las condenas por tráfico de drogas, trece años y medio y multa de 103.992.510 euros, mientras que en sus subalternos recayeron once años y medio y multa de 69.328.340 euros.
Por su parte, a la hora de analizar la denominada rama británica, los magistrados asumen que «no ha quedado determinado su financiador y líder, pero sí las personas que iban a recibir la cocaína y distribuirla por el territorio español e, incluso, por el territorio de Reino Unido». Así, uno de ellos fue castigado con once años y seis meses y multa de 69.328.340, y otros tres con nueve años y medio de cárcel y multa de 34.664.170 euros.
Tres de los encausados, a mayores, fueron condenados con un año y tres meses por tenencia ilícita de armas, mientras que un cuarto deberá cumplir tres años por atentado y abonar una sanción de noventa euros como autor de un delito de lesiones leves al intentar atropellar a un policía.
Fue un chivatazo a la Agencia Antidroga Estadounidense (DEA), que coordinó este operativo, el que puso en marcha una investigación centrada en la presencia «de un grupo de personas colombianas que planificaban la importación de cocaína procedente de varias ciudades de Colombia con destino a España». Los seguimientos, vigilancias y pinchazos telefónicos de los sospechosos se iniciaron a mediados de julio del 2018 y no remataron hasta mayo del año siguiente cuando se puso de manifiesto que una organización colombiana estaba moviéndose para introducir grandes cantidades de cocaína y surtir a dos ramas asentadas en territorio nacional y el Reino Unido.
Las vigilancias sacaron a la luz una serie de reuniones que se estaban produciendo en distintos cafeterías y hoteles de la ciudad de Pontevedra con el aparente objetivo de avanzar en la planificación del envío de la droga. De hecho, en este marco, el principal acusado contactó con el padre de su pareja, empresario del sector pesquero ajeno a esta causa judicial, para poder acceder al puerto de Marín y estudiar la posibilidad de introducir las partidas de estupefacientes por vía marítima en contenedores. Con posterioridad, esta misma persona regresó a Pontevedra con el identificado como delegado en España de la rama británica para volver a estudiar in situ las instalaciones portuarias de Marín.
Sin embargo, finalmente, descartaron esta vía de entrada de la droga. Lo que desconocían es que en Colombia ya se había intervenido la tonelada de cocaína que tenía como destino España, por lo que se autorizó una entrega controlada en la que participaron seis policías encubiertos.