Tres años de inhabilitación absoluta para una odontóloga de Pontevedra que accedió al historial de una compañera
PONTEVEDRA
La acusada se mostró arrepentida de su conducta: «Pido perdón y disculpas (...). Estoy totalmente arrepentida y no se volverá a repetir»
11 mar 2025 . Actualizado a las 19:17 h.«Pido perdón y disculpas (...). Estoy totalmente arrepentida y no se volverá a repetir». Una odontóloga del Sergas adscrita al Complejo Hospitalario de Pontevedra aceptó este martes en la Audiencia de Pontevedra un año y medio de prisión como autora de un delito de revelación de secretos, pena en la que se tuvo en cuenta la existencia de atenuantes de reparación del daño y confesión.
La condena pactada, además de incluir una petición pública de disculpas de la acusada, implicó el aceptar el pago de una multa de 1.980 euros y las costas procesales, así como tres años de prohibición de aproximación o comunicación con la víctima, y tres años de inhabilitación absoluta.
De este modo, reconoció que, dado que tiene acceso al Ianus, el programa informático que permite a los profesionales de la medicina acceder a la historia clínica de los pacientes en cuya asistencia intervengan en los diferentes niveles de la prestación sanitaria, consultó el historial de una segunda odontóloga, también, del Sergas: «La aquí acusada, con abuso de las facultades que tiene en relación con el acceso al programa Ianus y pese a que no la trataba como paciente, accedió en varias ocasiones a la historia clínica [de la víctima] y, de esta forma y en perjuicio de esta última», conoció el tratamiento que estaba recibiendo.
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La Fiscalía de Pontevedra remarcó que este acceso se produjo «sin justificación alguna y sin contar con la autorización» de la interesada: «En concreto, entre los años 2013 y 2021 llegó a acceder en un total de treinta y seis ocasiones».
Fue la propia perjudicada quien denunció estos hechos el 16 de diciembre del 2022.
La sentencia de la Audiencia de Pontevedra, en todo caso, es firme, toda vez que ni acusaciones, ni defensa tienen intención de recurrirla. Es más, en sala se acordó la suspensión de la pena privativa de libertad de la acusada a condición de que no delinca en el plazo de dos años y termine de resarcir la responsabilidad civil acordada de doce mil euros. En este sentido, el escrito de acusación del ministerio público ya recoge que, en junio del 2023, «ingresó en la cuenta del juzgado la cantidad de 2.500 euros para que se destinen a reparar los posibles perjuicios causados».