Una oferta de trabajo de teleoperadora de líneas eróticas escondía una estafa

Con más de medio centenar de víctimas repartidas por diversas localidades españolas, una vecina de Pontevedra logró esquivar una estafa laboral ideada por un matrimonio radicado en Logroño. Con condenas previas por lesiones, tráfico de drogas, apropiación indebida o lesiones, la pareja diseñó y ejecutó un entramado de ofertas de trabajo falsas vinculadas a puestos de teleoperadora de líneas eróticas y de exhibición pornográfica «con la finalidad de obtener una ganancia económica ilícita».

El matrimonio contaba con que «la naturaleza vergonzante o sórdida de la maquinación disuadiría a muchas posibles víctimas de denunciar los hechos», circunstancia que, según estaban convencidos, favorecería su impunidad «y la consolidación del beneficio obtenido».

De este modo, los acusados captaban a sus víctimas insertando en páginas de anuncios por internet estas ofertas de trabajo. De hecho, en un primer momento, hacia los años 2008 y 2009, también ofertaban puestos de teleoperadoras para líneas de tarot.

En cualquier caso, los anuncios se acompañaban de un correo electrónico al que deberían dirigirse las personas interesadas. El anzuelo que emplearon, la promesa de unas ganancias de entre 2.500 y 3.000 euros al mes.

Y todo ello revestido «con una apariencia de profesionalidad y de legalidad», que implicaba que las víctimas remitiesen una fotocopia de su DNI para cumplimentar un contrato de trabajo, un número de cuenta para ingresar sus ganancias y eventuales nóminas, así como se les instaba a contratar una o varias líneas telefónicas, domiciliándolas en las cuentas bancarias que les facilitarían, «asumiendo que la empresa o sus responsables se hacían cargo de los posibles gastos de dichas líneas».

Una segunda variante era la utilización de las líneas de teléfono fijas o móviles que tuvieran las víctimas, eso sí, cambiando su domiciliación bancaria.

Apariencia de solvencia

«Con ello se creaba una apariencia de veracidad y solvencia empresarial, convenciendo a las trabajadoras para enrutar el número «sta» —líneas de tarificación adicional— a la línea en que se iban a recibir las llamadas de posibles clientes», refiere la sentencia por la que se condenó a los acusados. Estos facilitaron previamente diversas cuentas de correo electrónico con las que entrar y participar en foros y chats de internet, donde se captaría a los clientes que llamasen a los números 803 y, en su caso, visionasen las exhibiciones pornográficas.

Estos números estarían enrutados a las líneas contratadas por las víctimas. Esto determinaba que estas últimas tuviesen que se realizar una llamada desde su teléfono al número 803 correspondiente «para que los técnicos realizasen el enrutamiento», llamadas que se extendían hasta los treinta minutos, duración máxima permitida para estos. Esto generaba una deuda cuando, según lo acordado con los acusados, «no debía existir gasto para la víctima», ya que les aseguraron que, por un lado, la línea estaba domiciliada en la cuenta bancaria que les habían facilitando y, por otro, les informaron de la existencia de un seguro que cubría cualquier potencial gasto.

La realidad es que estas cuentas pertenecían a otro perjudicado o eran inexistentes. «Ante la devolución de las facturas, las empresas operadoras intentaban girarlas contra la dirección de la abonada —la trabajadora engañada—, toda vez que en el contrato constaba su identidad y tenían su número de cuenta, bien por tener contratada otra línea telefónica privada, bien por ser dicha cuenta de fácil acceso», refiere la resolución que es firme tras el acuerdo de conformidad con el ministerio público.

Lo cierto es que las llamadas para enrutar se repetían continuamente, aduciendo la existencia de problemas técnicos o de deficiencias de las operadoras, lo que incrementaba las facturas.

Un caso particular

Una pontevedresa logró esquivar todo este entramado delictivo, aunque no por ello dejó de ser perjudicada al tener que abonar ochenta euros en la factura telefónica. Fue en enero del 2012 cuando la acusada, suplantando la identidad de otra persona, contactó por correo electrónico con ella, que por entonces ya trabajaba como teleoperadora de líneas eróticas y de tarot.

La encausada le facilitó un número de teléfono donde le informaron de las condiciones requiriéndole la fotocopia de su DNI y su número de cuenta. Sin embargo, la pontevedresa les vino a decir que no les facilitaría tales datos «en tanto no le enviaran el contrato», algo que nunca ocurrió.

No obstante, el hecho de que tuviese que realizar llamadas desde sus teléfonos fijo y móvil al número que le indicaron al contactar con ella le generó una factura de ochenta euros que tuvo que abonar. La sentencia añade que en el registro del domicilio de los acusados se halló un folio con el nombre, domicilio y teléfono fijo de la pontevedresa.

Esta forma de actuar determinaba que las perjudicadas abonasen una cantidad que se correspondía con el precio de los servicios telefónicos, mientras que los acusados percibían «la remuneración establecida por las empresas que gestionan las líneas de tarificación adicional y según el tiempo facturado». De este modo, se estima que el perjuicio ascendió a 85.851,10 euros, si bien el procedimiento penal se refirió a una cantidad ligeramente inferior, 72.630,53 euros, mientras que se cuantificó en 54.080,88 euros la ganancia ilícita obtenida por los encausados y proporcionada por las empresas gestoras.

Prisión y multas

Tras un acuerdo con el fiscal, la mujer aceptó dos años de prisión y el pago de 1.200 euros de multa por los delitos continuados de falsedad documental y de estafa, penas que se reducen a los seis meses de cárcel y multa de novecientos euros en el supuesto del marido de esta última.

Recopilados 640 números de telefonía fija y 656 de móvil

En procedimiento penal, los investigadores recopilaron en poder de los acusados un total de 640 números de teléfono fijo, así como otros 656 de teléfono móvil. De igual modo, se alude a 261 números con distintos prefijos de tarificación adicional, 79 números de cuentas bancarias y 462 direcciones de correo electrónico.

Esta causa se incoó inicialmente el 15 de febrero del 2012 hasta que en agosto del 2019 se dictó el procedimiento abreviado, mientras que la vista se celebró este año en la Audiencia de Logroño, lo que lleva a aplicar una atenuante de dilaciones indebidas.

---

---

---