Besteiro cuestiona la externalización de las residencias de mayores construidas por la Fundación Amancio Ortega

La Voz PONTEVEDRA / LA VOZ

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El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, con representantes de entidades sociosanitarias, este jueves, en el Teatro Principal de Pontevedra
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, con representantes de entidades sociosanitarias, este jueves, en el Teatro Principal de Pontevedra Ramón Leiro

El líder de los socialistas gallegos, que se reunió con colectivos sociosanitarios en Pontevedra, habla de una crisis abierta en la gestión de la dependencia

07 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, se reunió este jueves por la tarde en Pontevedra con representantes de colectivos sociosanitarios. Entre otras, estaban convocadas entidades como Apropark de párkinson, Bata de autismo, Anedia de diabetes, Xoga de sordos, Amencer-Aspace de parálisis cerebral, el Consejo Español de Defensa, Discapacidad y Dependencia (Ceddd) o la Asociación de Venezolanos de Pontevedra, en este caso porque muchas de sus consultas tienen que ver con la atención sanitaria, aclaran desde el partido. El encuentro quería servir para recoger aportaciones con vistas a la enmiendas que el PSdeG presentará a los Orzamentos de la Xunta del 2026.

Besteiro lamentó que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, trate los servicios sociales como un problema que se externaliza en lugar de afrontarlo desde una «política pública central». Como ejemplo de esa externalización de servicios puso el caso de las residencias de mayores construidas por la Fundación Amancio Ortega en las siete ciudades. Residencias que esa fundación «pasa a doalas á Xunta para que a xestión final pase a ser privada ou confesional». En el caso de la residencia de A Eiriña, que explota CK Senior Gestión S.L., tiene 42 usuarios de un total de 120 plazas.

El líder del PSdeG se mostró muy crítico con que el Gobierno gallego ceda funciones estructurales de las políticas públicas a entidades privadas o fundaciones: «Quen está a pagar os salarios destes servizos non é a Xunta, senón que son as entidades sociais a crédito». Aseguró que actualmente hay 88 organizaciones haciéndose cargo de la gestión de 5.188 plazas de atención a la discapacidad concertadas, «obrigadas a abrir liñas de crédito para sobrevivir porque a Xunta non regulariza o incremento no concerto social». Para Besteiro esa «falla de liderado político real» está provocando una crisis abierta en la gestión de la dependencia, que deriva en «retrasos inasumibles para os usuarios, saturación do servizo e descoordinación». También cuestionó que la Consellería de Política Social lleve 16 años sin un Plan Estratéxico de Servizos Sociais.