Drama tras la subasta judicial de once pisos en Poio: «Estoy enferma, ¿qué hago?»

Estos días, está celebrándose una subasta judicial —se puede pujar de forma telemática y durante más de quince días— de once pisos ubicados en un edificio de Campelo, en Poio. Los subasta el juzgado para hacer frente a una deuda de 1,8 millones por parte de la promotora del inmueble. Son viviendas que no quedan demasiados lejos del mar y que, en la puja, tienen precios iniciales que van desde los 63.000 a los 173.000 euros del ático más caro. Es decir, precios de ganga que, encima, seguramente ni lleguen a alcanzarse. Sin embargo, si alguien puja por estos inmuebles, se topará con todo un drama detrás y, seguramente y según indican fuentes jurídicas de la promotora, «con un gran pleito». ¿Qué ocurre? Que estas viviendas están ocupadas por personas de forma legítima, es decir, no se trata de okupas, sino de vecinos que le pagan un alquiler a la promotora o le compraron los pisos con contratos privados —sin llegar a escriturarlos—. Y que, en algunos casos, como el de Aurora Carballeda García, una inquilina de 70 años, tienen una situación peliaguda: «Yo estoy enferma, ¿que hago? No me pueden desahuciar y tampoco puedo pagar más por la casa».

¿Qué ocurre con estos pisos? No es fácil explicar la rocambolesca situación que hay en este edificio del que ahora se subastan once pisos, ubicado en la calle Pedro Souto Couselo y en la plaza de A Granxa. El promotor, Ricardo Collazo, explica que el edificio se construyó en el año 2007 y que, en el caso de dos de los inmuebles afectados por la subasta, él los vendió con contratos privados a la espera de firmar las escrituras cuando no tuviesen cargas. Pero la promotora nunca llegó a saldar su hipoteca con el banco. Así que quienes adquirieron las viviendas no pudieron escriturarlas a su nombre. En otros tres casos, son pisos que se permutaron por terrenos. Y, luego, hay otras seis casas que, según indica Collazo, están ocupadas por familias a las que él le cobra un alquiler y que tienen un contrato todavía en vigor.

Collazo y su abogado aluden a que intentaron negociar con la Sareb y que «no hubo manera de hacer nada, se le ofreció arreglar de distintas maneras y nada». Sea cierto este planteamiento o no, el caso es que los inmuebles se están subastando ahora mismo. Fruto de esta circunstancia, a los inquilinos o a quienes compraron los inmuebles con contratos privados o poseen los pisos por la permuta se les reconoció por parte del juzgado que los están ocupando legítimamente, es decir, que no entraron como okupas. De hecho, cuentan con autos judiciales firmes en los que se indica que, efectivamente, tienen derecho a permanecer ahí.

Pero los inquilinos saben que, aunque tienen ese papel en su poder, las cosas pueden complicarse sobremanera si la promotora ya no es la propietaria del edificio. Y temen la llegada de ese momento. Máxime, porque los alquileres que pagan ahora, al menos en algunos casos, tienen unas cantidades reducidas.

 «Pago 220 euros por todo»

Así ocurre con Aurora Carballeda. Ella lleva tres años de alquiler en uno de esos pisos y le quedan otros dos de contrato. Reconoce que vive este proceso con la máxima preocupación: «Ahora mismo, gracias a que el promotor se hizo cargo de mi situación, estoy pagando solo 220 euros de alquiler con todos los gastos incluidos. Yo tengo una pensión de 400 euros y vivo con mi hijo, que no tiene empleo, no podemos permitirnos otra cosa. No puedo irme de aquí, ahora mismo no puedo». Aurora explica que el último año fue demoledor para ella: «Tuve un cáncer y hace mes y medio me dio un ictus. En medio de todo, además, cogí el covid. Me pasó de todo». Luego, explica también que ella y su hijo sobreviven gracias a que les ayuda Servizos Sociais y la Cruz Roja, y pide que pueda seguir en su piso con las condiciones actuales, ya que no se ve capaz de asumir otras. «No es que no me quiera ir, es que no puedo hacerlo, y además me quedan dos años de contrato aún», enfatiza.

Hay otros inquilinos que, como Aurora, viven en ese edificio que se subasta. Todos están pendientes de lo que ocurra con la puja Una de ellas señala que no puede ni contar lo que le ocurre porque se ve desbordada.

La puja termina el lunes y lo habitual es que hasta ese día no se presenten las ofertas

Las subastas judiciales de pisos u otros bienes se realizan de forma telemática. De hecho, su tramitación puede seguirse a través del portal que hay en el BOE, perteneciente al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Ahí, se puede comprobar si se van realizando pujas por cada uno de los inmuebles o no. En el caso del edificio de Poio, ayer por la tarde solamente se habían recibido ofertas para una de las viviendas y para dos garajes. Pero eso no significa que no las vaya a haber todavía. ¿Por qué? Porque el plazo para pujar termina el lunes día 15 a las seis de la tarde y, de forma habitual, los compradores no enseñan sus cartas hasta el último día a última hora.

De todas formas, y aunque desde la promotora se señala que es probable que si alguien adquiere estos pisos se lleve una desagradable sorpresa por los líos judiciales que hay detrás y el hecho de que las viviendas están ocupadas, los que presentan ofertas ya tienen determinada información al respecto. Por ejemplo, hay un apartado donde ya se especifica que estos inmuebles están ocupados y que las personas que los habitan tienen derecho de permanencia. Aún así, la subasta continúa adelante.

Será a partir del lunes cuando se sepa qué ocurre con estos pisos, si pasan a manos de otros propietarios. Y, también, las cantidades por las que se subastan, que en algunos casos suelen ser bastante más bajas que la tasación inicial que se hace de los inmuebles. Los pisos en cuestión, un total de 11, tienen tasaciones dispares. Los áticos son los que más se cotizan, mientras que hay una vivienda con pocos metros cuadrados por 63.000 euros, así como otro inmueble de 82.000. El resto, en tasación, superan todos los 100.000 euros.

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